A veces nos pensamos que la gente ha desconectado de la situación
política que atraviesa Catalunya y estamos muy equivocados. No diré que
hay la misma tensión informativa, porque no es cierto, pero el enfado
por la actuación del Gobierno español persiste.
La situación de los
presos y exiliados ha creado un punto de no retorno en amplias capas de
la sociedad y los obstáculos del Estado para designar un president de la
Generalitat es la nueva fuente de conflicto que se avecina.
¿Cuantas
son las posibilidades de que la investidura de Jordi Sànchez que ha
convocado el president del Parlament para el próximo lunes se acabe
celebrando? La verdad es que no se sabe a ciencia cierta, pero muy por
debajo del 50% sería una respuesta realista.
La exitosa jornada de huelga y de movilizaciones del 8 de marzo en
las calles, con una respuesta masiva nunca vista, por la igualdad de
género -según la Guardia Urbana unas 200.000 personas se han manifestado
en el centro de Barcelona- ha eclipsado lógicamente el acuerdo político
entre Junts per Catalunya y Esquerra que, al fin, han sido capaces de
cerrar un documento para entregar a la CUP y acercar a sus cuatro
diputados al acuerdo.
Habrá que ver si el extenso documento, que según
el líder popular Xavier García Albiol es "un golpe de Estado por escrito
en 46 páginas" es suficiente para los cupaires o, al menos, sirve de
base para una negociación. Esto último ya sería un avance respecto al
pasado fin de semana y de ahí seguramente la inclusión en el documento
de una multiconsulta como conclusión de un proceso constituyente "de
base ciudadana, transversal y participativo".
Sin embargo, la posición de la CUP es el menor de los nubarrones que
se ciernen sobre la investidura del candidato. El 8-M ha dado unas horas
de tregua al debate, pero este mismo jueves el fiscal general del
Estado trasladará su posición respecto a la salida de Sànchez al juez
del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que nadie duda que será negativa. No
será definitivo en la posición del magistrado pero se empezará a
visualizar como piensa desarrollarse toda la operación para hacer
descarrilar la investidura.
Es incluso probable que el president del
Parlament, Roger Torrent, llegue a suspender la sesión si los tribunales
no se pronuncian de una manera taxativa antes del lunes en un sentido
favorable. La petición de Ciudadanos a Torrent ya va en esta dirección. Y
los letrados del Parlament también dirán la suya.
El bloqueo que ya se vivió con el pleno no celebrado de la
investidura de Puigdemont no es tan extraño que el lunes se vuelva a
repetir.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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