MADRID.- España no ha cumplido con ninguna de las once medidas propuestas por
Europa para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han
sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente. Es la
conclusión del informe publicado por el Grupo de Estados contra la
Corrupción del Consejo de Europa (GRECO, en sus siglas en inglés), que
ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las
recomendaciones "globalmente insatisfactorio" y que hoy también recoge www.eldiario.es
El informe aborda la prevención de la corrupción en tres
ámbitos: el Congreso de los Diputados (donde dos medidas han sido
parcialmente implementadas y otras dos se han obviado), el poder
judicial (con el mismo balance que el Parlamento) y la Fiscalía (con
tres iniciativas parcialmente instauradas). El Consejo de Europa
reconoce que los resultados de las dos elecciones generales en 2015 y 2016 "llevaron
a un estancamiento político" y que esto dificultó una "reforma
efectiva", pero alerta que "ese período ya pasó" y que ahora es tiempo
de actuar.
Regular los conflictos de intereses en el Parlamento
El GRECO recuerda que, en 2016, el Congreso impulsó una Comisión para la auditoria de la calidad democrática,
la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Además, a raíz de dicha iniciativa, surgió una subcomisión para
estudiar la financiación de los partidos políticos ( también en el Senado).
Sin embargo, la autoridad europea recrimina al Parlamento que no haya
modificado su reglamento, a pesar de que ha habido varias iniciativas y
de que diversos grupos parlamentarios incluyen en su programa medidas
propuestas por el GRECO (como publicar las agendas de los
parlamentarios).
Europa cree que "ninguno de los
intentos ha tenido éxito hasta la fecha" por la "falta de un apoyo
parlamentario unívoco". Por ello, recomienda que cada cámara
parlamentaria "desarrolle y adopte un código de conducta", incluyendo
"la prevención de conflictos de intereses" y los obsequios, entre otros
aspectos.
El GRECO también pide que se regule la relación entre diputados y lobbies,
un aspecto que España todavía no ha tocado en profundidad a pesar de
que ha habido varias iniciativas –una de ellas del PP, que mientras continuaba reuniéndose con grupos de interés.
"La propuesta está respaldada por un amplio consenso de los partidos en
cuanto a la necesidad de regular el asunto, pero las diferentes
facciones políticas difieren en cuanto a la amplitud y profundidad",
explica Europa. Esta ve positivamente que se haya creado un registro público "de carácter obligatorio" en el que deben inscribirse los representantes de los grupos de interés, pero le parece insuficiente.
Por otro lado, el GRECO reconoce los esfuerzos del Parlamento por
incrementar la transparencia en su web en relación a las actividades de
los diputados, incluida la información relativa a los viajes
patrocinados. Pero cree que es necesario tomar más medidas para
actualizar las declaraciones de bienes, un aspecto que ha generado mucha polémica por las dificultades del Congreso para verificar que la información otorgada por los diputados es cierta.
Incluso, Europa ve interesante que las declaraciones de bienes de los
miembros del Parlamento incluyeran información de sus cónyuges y del
resto de familiares que dependan económicamente de ellos por "los
riesgos potenciales" de que los diputados cedan a sus allegados sus
intereses económicos para eludir la ley.
Valoración de los cambios en el CGPJ
La
prevención de la corrupción en el ámbito judicial tiene una valoración
semejante a la del Parlamento. El GRECO felicita al Gobierno por
incluir, en su plan de reforma del sistema judicial, algunas
recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa, como el cambio en
la designación y funciones del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). Europa valora positivamente que España esté planteando que los
doce miembros del CGPJ sean escogidos por los jueces, no por los
partidos.
El GRECO cree que "las autoridades
políticas no deben participar en el proceso de selección" porque así se
"aumenta la confianza del público en el sistema judicial". Sin
embargo, el Tribunal Constitucional advirtió de que ese sistema de elección podría reducir la pluralidad del CGPJ porque en la carrera judicial prima la corriente conservadora.
Por otra parte, el Consejo de Europa lamenta
que España no haya cambiado la legislación de este órgano judicial para
prevenir las influencias externas y "remediar las deficiencias
identificadas".
En relación al criterio de selección
de los altos cargos, como los jueces del Tribunal Supremo o de la
Audiencia Nacional, Europa ha señalado "la falta de un desarrollo
legislativo para establecer criterios objetivos y requisitos de
evaluación" a fin de garantizar que "estos nombramientos no arrojan
dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del
proceso". Este aspecto también se está abordando en la actualidad en el
Parlamento, pero el GRECO cree que se necesita "una acción más
decidida".
Europa también pide un código de conducta
para los jueces, que regule aspectos como los conflictos de intereses,
si bien es cierto que España aprobó en 2016 dicho código
y que está prevista la creación de una Comisión de Ética Judicial.
Aun
así, el GRECO dice que la medida está "parcialmente adoptada". Peor han
actuado las autoridades españolas en relación a la extensión del período
de prescripción para los procedimientos disciplinarios: para el GRECO,
los seis meses de prescripción "se han quedado cortos en la práctica".
La Fiscalía: la institución que más cumple
En relación a la Fiscalía General, el GRECO reconoce los
avances en el método de selección y en el tiempo de permanencia en el
cargo, pero recuerda a España que debe mejorar en la autonomía de esta
institución, en la transparencia en sus comunicaciones con el Gobierno y
en dotarle de una mayor autonomía financiera. Actualmente, el Fiscal
General es designado por el Gobierno –se requiere la opinión del CGPJ– y
el mandato dura cuatro años. "El modelo actual no difiere mucho de
otros vigentes en varios Estados miembros de GRECO", especifica el
organismo.
Más polémico es el apartado en el que las
autoridades españolas sostienen a Europa que "no es posible que el
Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso particular al
Fiscal General".
"El Gobierno puede simplemente solicitar el inicio de
un procedimiento, pero nunca intervenir en una investigación en curso".
Estas declaraciones se producen después de la reprobación del antiguo fiscal –José Manuel Maza– en el Congreso, la salida polémica el ex fiscal Anticorrupción –Manuel Moix, respaldado por Maza– y los audios de Ignacio González y Eduardo Zaplana maniobrando para colocar fiscales afines. Todo ello ha erosionado la institución.
Por último, Europa ha pedido la elaboración de un código de conductas
para los fiscales, que España dice estar elaborando. También ha
solicitado que se refuerce el sistema disciplinario, un aspecto que las
autoridades españolas indican que estará presente en un nuevo estatuto
de la Fiscalía.
España tiene un plazo
de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las
acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en
el poder legislativo y el judicial.
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