MADRID.- La justicia comienza a respaldar la recuperación
de la gestión directa de servicios públicos. Tras haberse convertido
durante años en un extenso nicho de negocio para las empresas, varias
sentencias y autos judiciales han dado el visto bueno a diversos
intentos por parte de las administraciones locales y regionales de
volver a dirigir de primera mano áreas como la sanidad o el
abastecimiento del agua. Algunos de estos planes han llegado a los
tribunales por la resistencia que han presentado tanto las empresas
concesionarias como el mismo Gobierno central, según recuerda www.eldiario.es.
Juzgados de la Comunitat Valenciana, Castilla y León o
Castilla-La Mancha han tomado decisiones recientes que apuntalan estas
reversiones. En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes suspender
provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el control
del área de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el
acuerdo del Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas.
También hace
unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
reabrió la vía para remunicipalizar el abastecimiento al estimar el
recurso de una exconcejala de Alcázar de San Juan.
La
privatización, que ha terminado por llamarse externalización, de
servicios públicos se expandió tanto que, con la llegada de la crisis
del ladrillo, muchas empresas salvaron sus cuentas de resultados
a base de gestionar asistencia a domicilio, guarderías, recogida de
basuras, asistencia telefónica, cuidado de jardines, radios públicas o
residencias. "Prácticamente cualquier servicio que no forme parte de la
actividad principal de una organización puede ser prestado por alguna
división o empresa de Clece", explicaba la filial de ACS en una de sus
presentaciones anuales.
La fórmula se ha basado en un
mantra: la gestión privada es más eficaz. Da el mismo servicio a menor
coste. Una ley no escrita pero que se convirtió casi en inamovible.
Incluso aunque el Tribunal de Cuentas acreditara, por ejemplo, que la
premisa era equivocada en el caso de los barrenderos municipales: la privatización sale un 71% más cara.
Judicializar las relaciones
Así que, a partir de 2015 se han ido abordando planes para revertir
externalizaciones. Y, al mismo tiempo, han surgido las resistencias. Una
de las primeras grandes privatizaciones y pionera en el ámbito de la
sanidad pública fue la adjudicación a una unión de empresas liderada por
Ribera Salud de la asistencia especializada en La Ribera en la
Comunitat Valenciana. El famoso modelo Alzira.
El sistema Alzira,
tras ser rescatado por el propio Gobierno regional liderado por el PP,
ha servido de cabeza de puente para trasladarse desde allí a, por
ejemplo, la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre e
Ignacio González. El contrato de Alzira se firmó por 15 años con una
posible prórroga de cinco si se llegaba a un acuerdo entre la parte
privada y la pública.
El actual Ejecutivo valenciano decidió que el acuerdo terminara y tomar las riendas. Pero Ribera Salud no se ha resignado a perder esa parte de su negocio y ha recurrido las decisiones que acordaron no prorrogar el expediente de contratación.
La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, cuenta que la
concesionaria "ha judicializado toda su relación con la Generalitat:
tenemos más de 50 procesos abiertos por Ribera Salud. No solo por la
reversión del servicio de La Ribera sino casi cualquier decisión que
pueda afectarle".
Ribera Salud ha pedido que se
declaren nulas las acciones de Sanidad describiendo toda suerte de
desastres: "Se desmantela la estructura creada por el concesionario, la
pérdida de un sistema de organización pionero en España", según los
documentos judiciales.
También aducen "la paralización de 130 líneas de
investigación", pérdida de plazas de 1.000 alumnos y "caos por el
traslado de historias clínicas" . Ribera Salud ha calculado un daño
económico de más de 45 millones para la Generalitat y un "riesgo de
cierto perjuicio para la atención sanitaria". Pero los magistrados les
han dicho que no.
Montón explica ahora que la
decisión de los jueces ha sido fundamental para poder seguir adelante.
"Queríamos una transición pacífica, pero no ha podido ser".
Ribera Salud
se autodefine como "líder en el sector de las concesiones
administrativas en España" pero la mayor parte de su negocio está en la
Comunitat Valenciana cuyo Ejecutivo actual anunció que haría estas reversiones.
"Estamos cumpliendo el programa electoral", añade Montón. "Y demostrando
que la privatización no era para siempre".
Reticencias ideológicas
Las trabas para recuperar estos servicios no solo están llegando de las
contratistas que pueden ver su cartera de clientes (y de ingresos)
reducida. El Gobierno también está saliendo al cruce, casi siempre con
el argumento de que asumir los servicios implica asumir nuevos gastos
especialmente de personal.
Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió al
abogado del Estado a tratar de parar el acuerdo del Ayuntamiento de
Valladolid para retomar la gestión del agua de la ciudad mediante una
empresa pública. La justicia firmó el 14 de noviembre una sentencia que
rechazaba la postura del Gobierno y daba la razón a la ciudad.
El alcalde vallisoletano, el socialista Óscar Puente, cuenta a eldiario.es que acometieron este proceso porque, tras estudiar la
fórmula durante un año, se concluyó que "es más eficaz y rentable" y la
manera de paliar "el déficit de 200 millones en inversiones para
actualizar la red de abastecimiento".
No ha sido el único caso. Las delegaciones o
subdelegaciones gubernamentales a lo largo del país han iniciado
acciones legales parecidas. En la provincia de Cádiz, por ejemplo, la
Subdelegación ha llevado al juzgado al municipio de Chiclana ante el
proyecto de retomar el servicio de limpieza de edificios públicos y
colegios y la ayuda a domicilio.
En Zaragoza, el Gobierno ha ido de la
mano de la CEOE para impugnar la recuperación del servicio de
información telefónica 010. El tamaño del servicio no está siendo un
motivo para mirar para el otro lado.
La Delegación en Valencia también
ha cuestionado la legalidad de la remunicipalización de los servicios de
la piscina y la radio por parte del Ayuntamiento de Alzira.
Puente asegura que "es muy evidente que la oposición del Gobierno es
ideológica. Hacienda pone todo tipo de trabas –la tasa de reposicion o
la regla de gasto– porque la privatización es su modelo: externalizas el
servicio y es lo que menos quebraderos de cabeza da".
También hace pocas semanas, un caso de privatización que copó titulares
por su manera de efectuarse, ha tenido novedades judiciales: el agua de
Alcázar de San Juan. Su paso a gestión privada adjudicada a Aqualia se
realizó por trámite de urgencia con los votos del PP y CxA que no
sumaron la mayoría absoluta precisa.
Los magistrados estimaron en
noviembre pasado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan,
Ana Belén Tejado, contra el proceso. Tejado lo presentó en 2014 tras la
venta de la empresa municipal realizada en medio de una marea azul ciudadana de protestas. La alcaldesa actual, Rosa Melchor, considera que ese auto supone "un paso más por la remunicipalización".
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