MADRID.- La votación de esta mañana en el Congreso de los Diputados sobre el cupo
vasco ha vuelto a colocar en el centro del debate político la reforma
del modelo de financiación autonómica. Gobierno, PP y PSOE comparten el
mismo escepticismo sobre la posibilidad de que esta reforma salga
adelante en la actual legislatura, pero la «rueda» va a seguir
moviéndose para calmar ansiedades de algunos dirigentes territoriales y
porque nadie quiere cargar con la última responsabilidad de que no se
produzca un acuerdo que afecta directamente a los servicios básicos, recoge La Razón.
El escepticismo está justificado en
hechos bastante objetivos, y que es evidente que dificultan un acuerdo
que ya de por sí es siempre muy complicado de cerrar porque hay
intereses opuestos en juego y obliga a poner en sintonía a muchas
voluntades. «Para que haya un nuevo modelo de financiación no pueden
ganar los intereses de partido a l interés de Estado. Las probabilidades
para que salga adelante son pequeñas, aunque haya que intentarlo»,
sentencian en el PP.
En el
Gobierno se malician que Ferraz no quiere que haya pacto sobre
financiación porque «sería un tanto político que se colgaría un Gobierno
en minoría». Otra cosa es que las presiones de sus dirigentes
territoriales, con Susana Díaz a la cabeza, «les obliguen a marcar otro
paso», apostillan. Las tensiones internas en el PSOE no ayudan, pero
tampoco las que existen dentro del PP, ni que el Gobierno esté en
minoría o que todavía no sea seguro que el año que viene vaya a haber un
nuevo Presupuesto. «No puede haber modelo de financiación sin
Presupuesto».
En principio, en el
Gobierno prevén que el Ministerio de Hacienda presente en las próximas
semanas un informe sobre el trabajo encargado a una comisión de expertos
con representantes de todas las comunidades, y que tras estudiar la
situación de la financiación autonómica ha dejado planteamientos muy
diversos y contradictorios. La propuesta de Hacienda deberá luego
pasar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que allí se
busque un acuerdo multilateral, como siempre ha defendido el Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, golpeó ayer el balón hacia
arriba y confirmó en el Congreso que en las próximas semanas presentará
la base de la negociación autonómica. En cualquier caso, es su
obligación de acuerdo con lo pactado en la Conferencia de Presidentes
con la que arrancó esta legislatura.
Montoro
jugó sus cartas y ofreció al PSOE que el nuevo modelo de financiación
se incluya en los próximos Presupuestos de 2018. Así debería ser en
teoría si la negociación en paralelo de la financiación autonómica y la
presupuestaria llegan a buen puerto. Pero los Presupuestos de 2018 ni
siquiera se han presentado aún por la falta de apoyos parlamentarios
para sacarlos adelante por la interferencia de la situación en Cataluña
en la negociación del PP con el PNV.
En
todo caso, con este anuncio el titular de Hacienda respondió a la
urgencia impuesta «in extremis» por la dirección socialista para calmar
las presiones de sus «barones» porque se hayan alineado del lado del
Gobierno en la renovación del cupo sin haber sacado ningún compromiso
concreto para ellos en materia de financiación autonómica.
La «rueda»
recibió así un nuevo empujón por intereses tácticos y políticos. Ferraz
necesita rebajar la presión de sus comunidades después de haber pactado
con el PP la renovación del cupo y el concierto vasco. Y esta mañana los
votos de PP, PSOE y PNV serán suficientes para sacar adelante la
revisión de estas dos leyes por lectura única y sin que los demás grupos
introduzcan enmiendas.
Mientras que las comunidades de régimen común
siguen esperando que se inicien incluso las negociaciones para la
reforma del sistema de financiación, ya que a día de hoy todavía no está
ni la propuesta sobre la revisión que lleva pendiente desde 2014.
En
este contexto, si hay algo claro es que el presidente Mariano Rajoy
sigue condicionando la reforma a que haya consenso, a diferencia de lo
que ocurrió con la modificación impulsada por José Luis Rodríguez
Zapatero y que fue negociada con el tripartito catalán que presidía José
Montilla. El PP quiere abordar la financiación en la comisión
territorial impulsada por el PSOE y que hoy fija su agenda.
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