MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia exige una comisión de investigación
para aclarar todo el proceso de adjudicación de la recaudación a la
empresa Tribugest, de la que "desde hace años, casi un década, hay un
cerco de sospecha que no cesa, solo hay que leer la prensa de hoy para
confirmar que la privatización de este servicio no fue ni transparente
ni riguroso y, lo que es peor, no tuvo en cuenta el interés general",
afirma la portavoz socialista, Susana Hernández.
Por ello, asegura que el equipo de Gobierno, del PP, "con su alcalde a
la cabeza debería haber marcado distancias con sus antecesores, ya que
la herencia recibida les puede pasar factura, aunque ha optado por darle
continuidad".
"Y eso que lo tenía fácil con la celebración de la
Comisión de Revisión de Grandes Contratos, que no se reúne desde hace
meses y está estancada precisamente en el análisis de la concesión a
Tribugest", añade.
En ese sentido, Hernández considera que, "además de aclarar y depurar
responsabilidades, si se confirma que existen, es imprescindible que
con urgencia se den los pasos firmes para la remunicipalización de este
servicio que, desde el origen de su privatización a través de GTT (hace
casi dos décadas), han existido muchas dudas acerca de la relación entre
el ex concejal responsable de la recaudación Joaquín Moya Angeler y la
citada empresa".
Tribugest, que sustituyó años después a GTT, "fue otra adjudicación
que generó el mismo recelo, que hoy vuelve a adquirir más fuerza aún a
raíz de las informaciones publicadas sobre los viajes y reuniones de
este edil con los directivos de la empresa, cuya matriz era Aguas de
Barcelona, la misma de Aguas de Murcia", indica Hernández.
"Teniendo en cuenta que la mayoría de los murcianos pagan sus
impuestos en tiempo y forma es más incomprensible la decisión del PP de
externalizar el servicio de recaudación, cuestión que hemos denunciado
desde el principio", señala.
De hecho, la portavoz recuerda "el toque de
atención dado por el Tribunal Central de la Contratación en 2014, que
tiró para atrás el pliego de condiciones del nuevo contrato por vulnerar
la libre concurrencia y dando a entender que favorecía a Tribugest; lo
que obligó al Ayuntamiento a cambiarlo de arriba abajo, y una vez
cambiado tuvieron que intervenir los servicios de contratación municipal
porque se volvieron a producir fallos en las cláusulas del concurso".
"A esto hay que sumar otro hecho que siempre nos ha parecido como
mínimo anómalo y es que una empresa privada tenga en su poder los datos
fiscales de todos los vecinos de Murcia, una licencia que para el PSOE
solo deben tener los funcionarios", advierte Hernández.
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