El Mar Menor no lo está matando la
contaminación por nitratos, lo está matando algo mucho peor y es la
contaminación política. El vídeo de la sopa verde que realizó y difundió
la asociación ecologista ANSE en mayo de 2016 obligó a las autoridades a
tomar cartas en el asunto. Ya sabían lo que estaba pasando, pero
vergonzosamente miraban para otro lado porque, entre otras cosas, la
agricultura es sagrada en la Región de Murcia y los intereses económicos
y electorales son muy fuertes.
Ante la magnitud del guantazo en
imágenes, la Confederación Hidrográfica del Segura no tuvo más remedio
que taponar la red de tuberías de vertidos de salmueras y nitratos al
Mar Menor desde la rambla del Albujón. Es lo único que se ha hecho en
año y medio. Y como el organismo de cuenca tiene verdadero pánico a lo
que pueda deparar la querella de la Fiscalía por presunto delito
ecológico, también está desmantelando la red de salmoreoductos que costó
una millonada de dinero público para evitar pinchazos ilegales y nuevos
vertidos a la laguna salada.
El organismo de cuenca sabe que se sigue
extrayendo agua, desalobrando en cobertizos y chozas e inyectando la
salmuera en el acuífero de tal manera que los que disponen de pozos
legales sacan agua con tal índice de conductividad que secan todo lo que
riegan. No descubro nada si afirmo que el acuífero del campo de
Cartagena está contaminado y que alrededor de 70 hectómetros cúbicos de
vertidos subterráneos se filtran cada año al Mar Menor de manera oculta y
silenciosa, según un estudio publicado en la revista científica
Environmental Rewiews que evidencia que hay que actuar en origen sin
demora.
Decreto de medidas. La consejera
Martínez Cachá, acuciada por el escándalo ambiental de la sopa verde, se
lanzó al ruedo con un Decreto Ley de Medidas Urgentes para salvar al
Mar Menor con el que demostrar a la opinión pública que el Gobierno
regional era expeditivo. De aquel decreto publicado en el BORM en abril
de 2017, actualmente en vigor, no se ha cumplido casi nada. Menos mal
que eran medidas urgentes. Contempla, por ejemplo, la plantación de
setos arbóreos en los linderos de las fincas de la zona 1 con un plazo
de nueve meses que expira el próximo mes de enero sin que se haya
plantado un solo matujo autóctono; y no incide en el control de abonos
aunque el Mar Menor y el campo de Cartagena está declarada por la Unión
Europea como «zona sensible a la contaminación por nitratos».
Si
fuésemos mal pensados, pensaríamos que el PP aprobó un Real Decreto de
Medidas Urgentes sin voluntad de aplicarlo ante la presión de algunas
organizaciones agrarias y ahora vocifera contra la oposición porque,
posiblemente, confiaba en que ese Decreto Ley de mínimos se aprobase tal
cual en el Parlamento. Con lo que no contaba el PP, porque siempre
logra convencer a Ciudadanos, es con que PSOE, Podemos y Ciudadanos, en
un arranque de responsabilidad, votasen a favor de su convalidación para
tramitarlo y aprobarlo como proyecto de ley de tal forma que pudiesen
enmendarlo y convertirlo en una herramienta realmente útil.
Y así
llegamos al cuento de La maligna oposición que soñaba con algarrobos y a
sus polémicas 43 enmiendas al Decreto Ley de Medidas Urgentes para
salvar el Mar Menor con las que, según el diputado popular, Jesús Cano,
«dan la estocada de muerte el campo de Cartagena» porque asegura que
«con la plantación de setos se cargan 7.000 hectáreas en producción,
fulmina los cultivos actuales y manda al paro a 20.000 personas». Así lo
ha dicho intentado alarmar a la sociedad y amedrentar a la oposición
cuya fortaleza y resistencia el PP va a poner a prueba hasta el próximo
15 de enero que es la fecha fijada por la Comisión del Mar Menor para
que una ponencia revise nuevamente las medidas urgentes a adoptar como
si el Mar Menor tuviese espera.
»Ni ahora ni nunca».Los populares,
a falta de agua que dar a los agricultores y conscientes de que pueden
perder muchos votos en el campo ante el empuje de Garre, se han lanzado a
boicotear «unas enmiendas que no quieren que se aprueben ni ahora ni
nunca», eso dijo el diputado Cano tras ser advertido en los mismos
pasillos de la Asamblea por los líderes de FECOAM y COAG-Cartagena: «Si
esto se aprueba hay que arreglarlo. Habrá que derogarlo con alguna
medida legislativa», le espetaron. Sí, son los mismos agricultores que,
según el consejero Francisco Jódar, «son un modelo en toda Europa de
agricultura sostenible».
La oposición, que durante meses ha
consultado a agrónomos, biólogos, pescadores, ecologistas, pequeños
agricultores y científicos para redactar sus enmiendas, se mantiene
unida y firme en defensa del Mar Menor porque los expertos les aseguran
que sus propuestas «son perfectamente asumibles» por los agricultores
que son parte del problema, pero también deben ser parte de la solución
adoptando buenas prácticas agrícolas y cambiando la mentalidad de
producción y cultivo. Su verdadero problema no son esas enmiendas, sino
la falta de agua que sí puede mandar al paro a miles de personas.
Incumplimiento.
Ninguna de las 43 enmiendas de la oposición contempla ampliar de cien a
2.000 metros la franja no cultivable en torno al Mar Menor como
contaron desde el PP. Eso ha sido un bulo que nos hemos tragado los
periodistas. Y no puede calificarse de tropelía querer extender a todo
el campo de Cartagena (no solo en la zona 1) la plantación de setos
arbóreos para frenar las escorrentías, detener la erosión, controlar las
plagas y servir de refugio a la fauna local. Se trataría de plantar
setos a lo largo de los linderos de las parcelas manteniendo un ancho de
seto de 2 a 3 metros como ya recoge el Decreto Ley en vigor. Un decreto
que no se está cumpliendo, aunque el Gobierno regional ande apremiando a
los científicos para actuar ya en el Mar Menor. Pues bastaría con que
hicieran cumplir lo que publican en el BORM.
El diputado Jesús Cano
(tan aficionado a las hipérboles) ha llegado a decir que «solo se podrán
cultivar algarrobos y cereales porque se prohíben fertilizantes
orgánicos e inorgánicos». Pues no consta en ninguna de las enmiendas de
la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tras consultar a ingenieros
agrónomos, solo quieren prohibir el uso de «fertilizantes de solubilidad
rápida y altamente contaminantes»; y que se prime la progresiva
transformación de la actividad agrícola hacia la producción ecológica
especialmente en la zona 1 del Mar Menor con el fin de evitar los
problemas de contaminación ya conocidos.
Sin tocar la
agricultura. Puede que la madre del cordero de las terribles enmiendas
de la maligna oposición que soñaba con algarrobos sea otra. Realmente
cuesta entender que alguien con responsabilidad y sentido común pueda
oponerse a propuestas tan sensatas como que «las desalobradoras
autorizadas incorporen procesos de desnitrificación», que no se cultive
en pendiente sino siguiendo la orografía del terreno, que se «prohíba la
creación de nuevas superficies de cultivo o ampliación de las
existentes» o que «toda la superficie situada fuera del perímetro de
regadío legal sea restituida a sus condiciones originales (secano o
vegetación natural) sin perjuicio de la aplicación de la sanciones que
pudieran corresponder» dado que no es admisible que situaciones ilegales
agraven la degradación ambiental del Mar Menor cuando, además, no hay
agua para nadie. El PP quiere salvar el Mar Menor sin tocar la
agricultura y eso es imposible debido a la sobreexplotación.
Mapa
de regadíos. Y así llegamos al mapa de regadíos ilegales en el campo de
Cartagena que ultima la asociación ecologista ANSE (premio nacional a
la Conservación de la Biodiversidad 2017 por la Fundación BBVA) y que
promete ser tan escandaloso o más que el vídeo de la sopa verde si son
ciertas las cifras que barajan. No son cientos, sino miles, las
hectáreas de regadío ilegal en el campo de Cartagena. Un mapa que, a
buen seguro, resultará muy útil a la Fiscalía que está foliando su
querella y está decidida a dar con los responsables que, por acción u
omisión, han permitido un atentado ambiental de tal magnitud en el Mar
Menor. En Fiscalía no dan crédito a lo que han descubierto preparando la
denuncia.
Los agricultores no quieren ser señalados como los
únicos responsables y exigen una Ley Integral del Mar Menor que regule
todos los usos: agrícolas, pesqueros, náuticos y urbanísticos. Tienen
razón. Bastaría con el Gobierno regional aprobase de una vez el Plan de
Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y Franja Litoral
que debería haber aprobado en 2012 por imperativo europeo y ha sometido a
exposición pública en dos ocasiones solo para retrasar su aprobación.
El
portavoz el comité de asesoramiento científico, Ángel Pérez Ruzafa,
admite que «resulta exasperante» la lentitud con la que se está
respondiendo al grave problema del Mar Menor, mientras el presidente
López Miras culpa a los científicos de esa lentitud y su diputado Cano
en la Asamblea celebra que con la ponencia ha conseguido «detener el
debate de esta locura» en alusión a 13 enmiendas de la maligna oposición
que soñaba con algarrobos cuando la verdadera locura es retrasar otros
dos meses las medidas urgentes que requiere el Mar Menor.
El Mar
Menor está sufriendo la peor contaminación posible y es la contaminación
política. El problema es de tal magnitud que esas enmiendas tan
terribles para el PP se siguen quedando cortas. El Mar Menor se está
muriendo y requiere de medidas urgentes, valientes y comprometidas pero,
sobre todo, de un cambio de mentalidad agrícola y política o llegará a
un punto de no retorno.
Hay que descontaminar el acuífero y para eso es
necesario, entre otras cosas, reducir la presión agrícola en origen como
dicen los científicos. Clarear el agua verde del Mar Menor haciendo que
entre más agua del Mediterráneo como quiere el gobierno regional no
soluciona nada porque sigue entrando agua contaminada del acuífero por
el subsuelo. Aún estamos a tiempo, mañana será tarde y solo podremos
decir aquello de «y colorín colorado y este Mar Menor se ha acabado».
(*) Periodista y Jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero
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