Seguramente, solo la guerra sucia en las cloacas del
Ministerio del Interior nos ha permitido tener acceso a un dato clave
de los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona: el imán de Ripoll, el mentor de los terroristas yihadistas, había sido —¿desde cuándo?, ¿hasta cuándo?— confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El agujero negro de los atentados de Barcelona y Cambrils explica
muchas cosas y siembra dudas sobre muchas otras. Tantas, que dada la
gravedad de los sucesos de aquellos días en que se produjeron
16 víctimas mortales y dos centenares de heridos de 34 nacionalidades
diferentes, ni puede ni debe darse el caso políticamente hablando por
zanjado.
El comando terrorista fue desarticulado gracias a la pericia de
la policía catalana, con un balance de ocho terroristas muertos y
cuatro detenidos, pero ahora tenemos certezas que antes no había y es
del todo necesario que se cree una comisión parlamentaria en el Congreso
de los Diputados —el Parlament está disuelto por el gobierno español—
que permita aclarar las dudas, y las sospechas, que ahora existen.
Porque no pasaron muchas horas desde el atentado que se puso en
marcha una operación político-policial-mediática que lo que pretendía
fundamentalmente era cuestionar el papel de los Mossos d'Esquadra.
Una de las acusaciones que siempre sobrevolaba el debate sobre los
hechos es por qué la policía catalana no había vigilado más al imán de
Ripoll. Ahora, la pregunta debe ser necesariamente otra: ¿por qué los
servicios secretos españoles no habían compartido con los Mossos la
información sobre el imán Abdelbaki Es Satty? ¿Hubiera
servido de algo?
No deja de ser llamativo que fruto de aquella campaña
los Mossos tuvieran que convivir como cuerpo policial con dos realidades
confrontadas: un reconocimiento en Catalunya importante por parte de la
ciudadanía y de su clase política y, en cambio, dudas más allá del
Ebro. Que se transformaban de nuevo en elogios en el seno de la
comunidad internacional.
La cuestión final es que el Govern que gestionó aquellos atentados está en la cárcel o en el exilio y el major Josep Lluís Trapero
desposeído de sus funciones por el Ministerio del Interior y relegado a
una oficina haciendo inventario administrativo. Por eso es necesaria la
comisión parlamentaria que hay que esperar que, al menos, Esquerra
Republicana, PDeCAT y los comunes pidan con urgencia. Porque el Govern
de Catalunya, el que ha desposeído de sus funciones Mariano Rajoy,
solo puede elevar su protesta y la denuncia a la opinión pública.
Y
quien no lo va a hacer es el que realiza sus funciones desde Madrid o
desde Catalunya. El gobierno que prefiere hablar de conexiones rusas con
Catalunya y de contubernios comunistas, y que envía a sus ministros y
sus voceros a propagarlo por el mundo, antes que llegar hasta el final
de los atentados o explicar cuáles fueron realmente las amenazas del
Estado español si se acababa haciendo efectiva la independencia de
Catalunya. Si realmente el Estado amenazó con muertos en la calle.
Con una única administración efectiva en Catalunya y todo el poder en
manos del Estado español hay que confiar que desde otras parcelas de la
política se exija llegar hasta el final y conocer la verdad por salud
democrática.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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