Es evidente que la política catalana ha desplazado su eje informativo
a Bruselas. Y lo ha hecho con una fuerza impensable hace unas fechas,
cuando la justicia belga no había denegado aún la extradición a España
pedida por la Audiencia Nacional del president Carles Puigdemont y de cuatro de sus consellers, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
La presencia este martes de más de doscientos alcaldes catalanes en
la capital belga, llevando a cabo una concentración ante el Parlamento
Europeo con sus respectivas varas de primer edil municipal, un acto
público con cobertura de muchos de los medios acreditados en la capital
comunitaria; la primera entrevista de los cinco exiliados con Mònica Terribas y
la cobertura instantánea de los principales medios internacionales a la
demanda catalana, ponen de relieve hasta qué punto el Estado español ha
perdido la partida en algo tan valioso como es el relato informativo.
Este martes lo han expresado con diferentes tonalidades la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Martínez Maíllo,
en funciones de portavoz del PP. La primera se ha referido en tono
burlesco al tiempo libre del president Puigdemont en Bruselas y el
segundo le ha reclamado que comparezca ante "la justicia de verdad", la
justicia española. O sea, que comparezca ante la fiscalía general del
Estado, cuyo titular, José Manuel Maza, ha sido
reprobado por el Congreso de los Diputados; y ante la Audiencia
Nacional, una instancia judicial sobre la que cada vez hay más consenso
en que no es competente para abordar los delitos que ha asumido.
Bruselas hace daño. Eso es evidente. Como hace daño la prisión incondicional del vicepresidente Oriol Junqueras y de otros siete consellers en cárceles de la Comunidad de Madrid. Y la prisión de los dos Jordis.
La respuesta de la ciudadanía a todo ello es permanente. Las
concentraciones en las plazas de ciudades y pueblos de Catalunya y actos
como el del Paraninfo de la Universitat de Barcelona. Y este miércoles
un nuevo paro de país, un acto cívico de repulsa ciudadana previo a la
manifestación del sábado en Barcelona.
Un país en marcha frente a un gobierno español represor.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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