Cada día que pasa vamos sabiendo más del 155 CE.
Hasta hace muy poco sabíamos que era un artículo que figuraba en la
Constitución y prácticamente nada más. Sabíamos que dicho artículo había
sido incluido en la Constitución con la esperanza, casi la convicción,
de que no se tendría que hacer uso del mismo nunca, de forma similar a
lo que había ocurrido en la República Federal de Alemania, en donde no
se ha aplicado ni una sola vez el artículo 37 LFB, en el que se inspiró
el constituyente español. Sabíamos que el Reglamento del Senado regulaba
en un solo artículo, el 189, la tramitación del procedimiento de
declaración de la “coacción federal”.
Este era todo el conocimiento que teníamos sobre el 155 CE antes del
Consejo de Ministros del pasado sábado 21. A partir de ese día sabemos
ya cuál es la interpretación de la “coacción federal” que tiene el
Presidente del Gobierno. El documento remitido al Senado para su debate y
aprobación en los términos en que la Cámara entienda oportunos, ha
dejado claro que el contenido y alcance de la "coacción federal" es el
máximo de los que se habían contemplado en los análisis académicos.
Suspensión total de la autonomía. Únicamente el Parlament se libra de
desaparecer como órgano, pero despojado del ejercicio de todas las
funciones parlamentarias. No desaparece orgánicamente, pero si
desaparece funcionalmente. Queda suspendido el ejercicio del derecho de
participación política directamente o a través de representantes
reconocido en el artículo 23 CE, que es el derecho constitutivo de la
ciudadanía y, por tanto, de la igualdad constitucional. El derecho, en
definitiva, constitutivo de la democracia como forma política.
En la
interpretación del Gobierno, pues, la activación del 155 CE supone la
liquidación del núcleo esencial de la democracia. ¿Es únicamente este el
derecho que puede verse afectado o, una vez liquidado ese núcleo
esencial, pueden producirse suspensiones o anulaciones de algún o
algunos otros? ¿Pueden verse afectados, por ejemplo, los derechos a
recibir y transmitir información veraz por cualquier medio de
comunicación (art. 20.1.d) CE) o el derecho a la educación, cuya
titularidad es de cada ciudadano, pero cuyo ejercicio depende la
Comunidad Autónoma de Cataluña que tiene la “competencia exclusiva” en
la prestación del mismo?
Esto es lo que sabíamos o las dudas que teníamos hasta hoy, viernes 27,
en que el Presidente del Gobierno ha acudido al Senado a presentar ante
el Pleno de la Cámara el documento aprobado en Consejo de Ministros el
pasado sábado.
Después del discurso de Mariano Rajoy ya sabemos algo más. El discurso
ha sido un discurso de guerra. Tanto en el fondo como en la forma. Y
como tal ha sido entendido y recibido por los senadores del PP. De forma
similar, por cierto, a como se expresaron los Diputados del PP tras la
votación que certificaba la participación de España en la guerra de
Irak. No parecía que estuviéramos en una Cámara que se encuentra en el
momento más grave por el que ha tenido que pasar un órgano
constitucional desde la entrada en vigor de la Constitución y que,
escucha, en consecuencia, las palabras del presidente en silencio y con
la preocupación lógica ante la decisión que va a tener que tomar, sino
ante los asistentes a un mitin, que se excitan con la palabras del
orador y que a su vez lo jalean.
El espectáculo ha sido lamentable. Es un indicador del espíritu con el
que se puede esperar que el Gobierno hará uso de las medidas que apruebe
el Senado. La escalada en la coacción que el discurso del presidente y
su recepción en el Senado anticipan, resulta imposible saber hasta donde
llegará, pero lo más previsible es que vayan cayendo una tras otra
todas las barreras de contención que puedan presentarse.
Tras el discurso de Mariano Rajoy quedan pocas dudas de que la
“coacción federal” va a ser la más dura de todas las posibles. Si
alguien esperaba que no iba a ser así, me imagino que tras el ambiente
en el que se va aprobar la adopción de la medida por el Senado, habrán
perdido toda esperanza.
Vamos al peor 155 posible.
(*) Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla
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