El Consejo de la Transparencia de la
Región de Murcia (CTRM) trae al recuerdo la historia del rey desnudo, de
Andersen, que es un cuento de hadas.
El organismo que preside José
Molina se cobija en una ley de 2014, la de Transparencia y Participación
Ciudadana, rezuma en sus fundamentos el mejor espíritu posible, como
«órgano independiente de control en materia de transparencia», posee
funcionarios y presupuesto, y de vez en cuando reúne a sus 18
integrantes, que llevan allí las voces del Gobierno regional, los cuatro
partidos representados en la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos),
las dos universidades públicas (UMU y UPCT), el Consejo Jurídico de la
Región, la Federación de Municipios, los consumidores, la patronal Croem
y los sindicatos UGT y CC OO.
Pero, contra lo que estos ropajes
pudieran hacer creer, el Consejo de la Transparencia está en realidad
tan desnudo como el rey del cuento, y la parálisis que lo atenaza
empieza a resultar llamativa.
La última sesión que el Consejo mantuvo, el martes pasado, constituye
un buen ejemplo de su inoperancia. Después de dos horas, no se pasó del
primer punto en un orden del día que recogía media docena de acuerdos y
propuestas de resolución, y la reunión quedó marcada por la tensión
reinante, la decepción de algunos de los participantes y los reproches
que se cruzaron-y no solo ellos- José Molina y Enrique Ujaldón, el
secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y
Portavoz, que se estrenaba como consejero en representación del Gobierno
regional y que sacó a pasear su mejor vis política.
Miguel Sánchez, el
portavoz de Ciudadanos, llegó a lamentar en su intervención -antes de
anticipar su próxima renuncia- que el Consejo «está más politizado que
la propia Asamblea Regional», y explicó que su dimisión responde a
motivos personales (quiere más tiempo para el hijo que espera). Aunque
Ciudadanos no abandona el Consejo, pues dejará paso a otro representante
de la formación naranja, Miguel Sánchez anunció que propondrá a los
grupos parlamentarios que los políticos salgan del Consejo de la
Transparencia.
Eran ya las tres de la tarde y el representante de CC OO, José Luis
Sánchez Fagúndez, se empeñaba aún, sin éxito, en defender una ponencia
así de farragosamente titulada: ‘Criterios de la comisión
interdepartamental para la transparencia en la Región de Murcia sobre
publicidad activa de las medidas contenidas en la ley de Transparencia
regional en materia de recursos humanos que afectan a datos de carácter
personal’. ¿Se puede ser más opaco en el enunciado? No.
En román
paladino: señores, ¿publicamos en internet todos los sueldos de la
Comunidad Autónoma, funcionarios y médicos incluidos, o seguimos
mareando la perdiz? Dos horas estuvo el Consejo dándole vueltas a la
matraca, sin avanzar un solo palmo. Se oyeron palabras gruesas. Molina
reiteró su conocida creencia de que el Gobierno realiza una labor
obstruccionista en el Consejo, y Ujaldón se encargó de situar la línea
roja de la transparencia en las limitaciones impuestas por otras leyes
que protegen la privacidad.
Ante el cariz que tomaba la sesión, Molina y Ujaldón se reunieron esta semana en el despacho del primero para negociar por separado un acuerdo de
mínimos que ambos pudieran trasladar la próxima semana a una nueva
sesión del Consejo. No está claro que lo hayan conseguido, aunque se
aprecia un acercamiento. La propuesta de Molina consiste en que la
Comunidad airee, con nombres y apellidos, los sueldos de todos los
cargos de libre designación, incluida la pléyade de asesores del
Gobierno, y que del resto de los funcionarios se publique también cuánto
cobra cada cual, pero con un indicativo que proteja sus identidades
personales.
A Ujaldón no le parece mal, aunque exige que una comisión
mixta, compuesta por técnicos del propio Consejo de la Transparencia y
de la Administración regional, garantice -antes de seguir hablando- que
esta fórmula no vulnera derechos individuales. El Gobierno no quiere que
le tire de las orejas la Agencia de Protección de Datos, y el
presidente del Consejo, si bien se muestra prudente en sus
manifestaciones, no oculta su escepticismo sobre la verdadera voluntad
del Gobierno en materia de transparencia. El uno piensa que se avanza
muy deprisa, y el otro, que se va muy despacio.
Aunque informes legalistas hay ya de sobra (en un sentido y en el
contrario), el nuevo dictamen que salga de la comisión mixta de técnicos
podría ayudar a que las deliberaciones del Consejo avancen y permitir,
en última instancia, que se publique la nómina completa de la Comunidad
Autónoma, asesores y médicos incluidos. Está por ver. De momento, el
Consejo de la Transparencia sigue, al menos en este asunto, atrapado en
la casilla de la que salió.
(*) Columnista
http://blogs.laverdad.es/menudapolitica/2017/06/22/una-tension-que-se-transparenta/
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