MADRID.- El déficit público, que debe
situarse en el 3,1% al término del año, podría encaramarse al entorno
del 4% si dos problemas se agravan: la quiebra de los peajes, que será
resuelta con intervención pública; y las ayudas al sector financiero,
que el Banco de España valora en unos 1.100 millones, pero que podrían
elevarse considerablemente si la situación del Banco Popular, en horas
bajas, continúa deteriorándose, dice hoy El Economista
El
Gobierno, en el Programa de Estabilidad que remitió a Bruselas hace
ahora diez días, reconoce que las ayudas financieras "y otras
operaciones" one off (las que afectan al presupuesto, pero solo
durante un ejercicio) costarán este año en torno a 3.700 millones, si
bien no especifica qué cantidad se dedicará a cubrir los flecos del
rescate financiero; y qué otra servirá para paliar el agujero de las
autopistas.
Fomento se halla estos meses
ideando soluciones para que la responsabilidad patrimonial del Estado en
los peajes sea la menor posible, y calcula que el coste de su
intervención no sobrepasará los 2.100 millones. Pero está por ver que lo
consiga, pues otras fuentes, como la patronal Seopan, hablan incluso de
5.000 millones.
A día de hoy, hasta ocho empresas que gestionan nueve
autopistas se han declarado en suspensión de pagos. Están las radiales
de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), pero también la M-12 que facilita el
acceso al aeropuerto de Barajas; la vía Almería-Vera, la AP 36 y la
circunvalación de Alicante. Dos de ellas, la R-3 y R-5 madrileñas, están
incluso en fase de liquidación.
A sabiendas de que la solución a
esas quiebras pasaba únicamente por el apoyo público, los distintos
gobiernos han ido demorando ese escenario para no asumir el enorme coste
político de rescatar unas infraestructuras que, además, habían sido
impulsadas por La Moncloa (en 2003, con José María Azbar).
Ni José
Blanco ni Ana Pastor, los dos últimos ministros de Fomento, supieron o
quisieron solventar el problema, confiando en que la recuperación
económica devolvería el tráfico a las autopistas. Solo el nuevo titular
de la cartera, Íñigo de la Serna, ha mostrado su intención de tapar el
agujero, tras corroborar que ni siquiera el avance del PIB de los
últimos tres años no ha servido para corregir las pérdidas de las
concesionarias.
Pendientes de la banca
Sin
embargo, la quiebra de las autopistas de peaje puede convertirse en
secundaria si la situación del Banco Popular, que llegó a dejarse un
tercio de su valor en bolsa en solo diez sesiones, sigue deteriorándose.
Fuentes parlamentarias cercanas al Gobierno reconocen "cierta
preocupación", aunque "en ningún caso" la situación se parece a la de
Bankia en 2012.
Entonces, con una imagen de España muy dañada, la crisis
de la entidad arrastró a la prima de riesgo hasta niveles insostenibles
y acabó provocando un agujero adicional en la economía. "Hoy podemos
tener, a lo sumo, problemas con el déficit y Bruselas", dicen esas
fuentes.
Si Popular sufre un deterioro
adicional y falla en sus planes de recapitalización (está por ver
después de la compra del 3% del capital por parte del grupo chileno
Luksic) , el Estado puede verse comprometido de dos maneras.
Una sería
más desfavorable, con Economía pilotando una intervención que sanee
balances; elimine activos tóxicos; devuelva los ratios de capital a
nivel de máxima solvencia; y garantice provisiones; acciones éstas que
requerirían una inyección elevada. Teniendo en cuenta el tamaño de la
entidad, la operación podría compararse a la que en su día se llevó a
cabo con CatalunyaCaixa (costó 12.000 millones).
La otra solución, menos costosa,
otorgaría al Estado un papel menos relevante, apoyando una fusión a
través de pactos con otras compañías. En este sentido, fuentes del
sector explican que el Gobierno "está muy preocupado por el déficit", y
antes de intervenir Popular "nos sentaría a las grandes entidades para
ver quien puede hacerse cargo". En cualquier caso, el coste superaría
los 3.000 millones que hoy dice necesitar Emilio Saracho.
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