LORCA.- El concejal de C's en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, cree que los funcionarios son los mejores aliados para conseguir una administración transparente y limpia.
El grupo Municipal Ciudadanos presentará en el próximo pleno del 29
de mayo una moción sobre protección de los funcionarios que denuncien
casos de corrupción.
El concejal Antonio Meca justifica la
importancia de esta iniciativa: "durante los últimos años, hemos
conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes
niveles de la Administración (municipal, autonómico y nacional), gracias
tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como
a las investigaciones judiciales y periodísticas".
En la mayoría
de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la
Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios
y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen
en el entorno laboral en el que desarrollan su trabajo. Sin embargo en
muchas ocasiones el miedo a las represalias puede funcionar como
elemento inhibidor de la voluntad de los funcionarios y empleados
públicos a la hora de desvelar las supuestas irregularidades.
"Se
trataría", indica el edil de Ciudadanos, "de dar un primer paso para
la creación en nuestro Ayuntamiento de un marco específico y eficaz
para proteger al denunciante de corrupción, y es necesario que esta
protección se extienda a la Administración Local".
Así pues
Ciudadanos va a proponer que el Ayuntamiento de Lorca estudie la
creación de un marco de protección para los empleados del sector público
que informen sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles
delitos de los mismos.
Otro acuerdo propone que el Ayuntamiento
lleve a cabo las actuaciones oportunas para poner en funcionamiento los
procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información que le
sea facilitada por su personal o el de sus órganos autónomos y entes
dependientes, respecto a las actuaciones que hayan sido realizadas por
altos cargos o personal del Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones
de las que pudieran derivarse malas prácticas o un posible delito contra
la administración pública.
También propondrá que se inste a la
Asamblea Regional de Murcia y al Consejo de Gobierno a que desarrolle
una normativa legal de alcance autonómico que establezca un marco de
protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que
denuncien episodios de corrupción en el seno de la Administración
Pública.
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