MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015. Las aportaciones al capital y cuotas participativas de entidades suman el grueso de esta factura, al ascender a 46.021 millones.
Esta estimación del coste para el erario público del proceso
de reestructuración no se puede considerar "definitiva", ha advertido
el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que aún tienen que terminar los
procesos de reestructuración.
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN. "La venta de
acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de
diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el
citado importe", ha explicado en un comunicado.
También ha recordado que la factura del rescate bancario
dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPA)
y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un
saldo vivo total de 17.211 millones a cierre de 2015.
El Tribunal de Cuentas ha subrayado que los saneamientos que
han supuesto mayor coste público han sido el de Catalunya Caixa (12.676
millones), BFA/Bankia (12.347 millones), Banco CAM (11.065 millones) y
Novacaixagalicia (9.159 millones).
En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de
la banca, el organismo ha calculado también que los recursos públicos
comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha
aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de
recursos públicos suponen un coste para el sector público.
El organismo fiscalizados apunta además que la
Administración General del Estado otorgó avales a las entidades de
crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un
importe de hasta 85.965 millones. El saldo vivo de la única emisión no
autorizada asciende a 1.059 millones hasta la fecha.
El Tribunal de Cuentas ha recordado que el saldo vivo de las
emisiones de deuda senior de la Sareb, que se sitúa en 43.476 millones a
cierre de 2015, está avalado por el Estado.
El análisis de fiscalización del organismo persigue
verificar que las actuaciones del FROB, los Fondos de Garantía de
Depósitos (FGD) y el Banco de España, como supervisor del sistema
bancario, entre 2009 y 2015 se adecuan a la normativa. Además, trata de
comprobar los mismos aspectos sobre las medidas de seguimiento y control
de la ejecución de los procesos de reestructuración.
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