CARTAGENA.- El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera,
dijo este jueves que "no barajamos" la posibilidad de que haya más
personas implicadas en las presuntas irregularidades en los cursos de
transporte y la tramitación de las tarjetas de Certificado de Aptitud
Profesional (CAP), mediante las cuales la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Policía Nacional detuvo a tres personas, entre
ellas un funcionario.
Rivera aseguró que la Consejería ha colaborado con la
justicia en esa investigación y que también ha abierto una investigación
interna "para conocer el alcance de los hechos". Además de eso, señaló
que la Comunidad se personará en las diligencias y "actuará en
consecuencia".
El consejero indicó que el funcionario implicado está
"apartado del servicio" y que actualmente la investigación judicial está
bajo secreto de sumario. A pesar de esto, instó a "no poner en tela de
juicio" el trabajo de la Consejería ni de los funcionarios por el hecho
de que "alguien haya cometido una irregularidad". Según considera "se
puede hacer mucho daño a la credibilidad de la administración".
El PSOE, por su parte, baraja una cifra de 1.000 tarjetas de
certificado de aptitud "que pudieran haberse entregado a 1.000
conductores" que las usan en transporte de mercancías, algunas de ellas
"peligrosas". Sin que el certificado esté en regla. Asimismo informó de
que en 2014 la patronal ya "denunció irregularidades". El consejero de
Fomento calificó de "osadas" estas declaraciones y ha desmentido tener
conocimiento de dicho dato.
Luis Francisco Fernández, de Ciudadanos, recalcó que es un
tema que está "en vía judicial", pero preferió "ser cauto" porque de
momento "se desconoce si habrá afectado a más personas de la
Consejería".
En Podemos, Andrés Pedreño pidió conocer la "trazabilidad
del dinero" porque, tal y como destacó "hay un jefe de servicio que se
monta su chiringuito particular y queremos saber cómo circulaba ese
dinero y a qué se destinaba".
Finalmente, Juan Guillamón, del PP, dijo que es "absurdo" que
se pida la comparecencia del consejero para este tipo de cuestiones
porque no ve "responsabilidad política" en el asunto.
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