MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha puesto a
disposición del público la cartografía de zonas inundables a través
de su página web (www.chsegura.es).
Estos mapas de peligrosidad que
delimitan y definen las zonas inundables en la cuenca abarcan 1.285
kilómetros de tramos de cauces. Las correspondientes capas cartográficas
están disponibles para descargar en formato SHP y también se pueden
emplear a través de servicios WMS, existiendo a su vez fichas
explicativas para cada una de ellas.
En su día, de esos 1.285 kilómetros se identificaron 22 zonas con un
mayor riesgo de inundación de origen fluvial, denominadas Áreas de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), para las que
además de la cartografía de peligrosidad (extensión de la zona inundable
y calado), se elaboró también la cartografía de riesgo, que tiene en
cuenta la población, actividad económica, puntos de especial importancia
y áreas de valor medioambiental. Ahora, además del visor específico de
las ARPSI que ya existía, el público también tiene acceso a la descarga
de esta información y los servicios WMS correspondientes.
Adicionalmente a la creación de esta cartografía, cabe recordar que
la CHS ha redactado el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Segura, cuyo ámbito de aplicación es el de
las ARPSI y que se extiende al periodo 2015-2021. Este plan fija para
cada una de las ARPSI los objetivos de gestión del riesgo de inundación y
establece las medidas que debe aplicar cada administración, con el fin
de reducir las potenciales consecuencias adversas de la inundación para
las personas, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad
económica y las infraestructuras.
Con este trabajo el organismo de cuenca da cumplimiento al mandato
establecido en la Directiva 2007/60/CE (Directiva de Inundaciones),
traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de
Inundación. Estas tareas se han llevado a cabo con la colaboración de
los servicios de Protección Civil, de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado.
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