MURCIA.- «Apropiación indebida, falsedad documental, malversación de caudales
públicos, prevaricación y cualesquiera otros delitos». Tales son los
cargos por los que el letrado Diego de Ramón considera que deben ser
perseguidos penalmente un numeroso grupo de altos cargos y ex altos
responsables de la Comunidad Autónoma, con Ramón Luis Valcárcel a la
cabeza, y de las corporaciones municipales de Cehegín, Moratalla, Mula y
Totana, a las que atribuye haber destinado subvenciones públicas al
pago de otros gastos municipales, adelanta hoy La Verdad.
En la denuncia que De Ramón ha presentado ante la Fiscalía Superior
de la Región, expone que entre los años 2007 y 2015, los cuatro
ayuntamientos señalados han venido percibiendo una serie de
subvenciones, que «no han sido justificadas en tiempo y forma ni
destinado a los servicios a los que era su fin».
En concreto, sostiene
que cuando los importes de las subvenciones públicas entraban en las
cajas de los consistorios, «como norma general eran contabilizados por
el principio de 'caja única'», lo que habría permitido «disponer de
ellos de forma inmediata para atender las obligaciones de pago que en
ese momento cada Junta de Gobierno considerara oportunas».
Esta presunta circunstancia irregular se habría producido igualmente con
los ingresos procedentes de la firma de convenios urbanísticos, que
también deben tener por ley un destino finalista; es decir, deben ser
dirigidos a aquellos fines específicos que motivaron su percepción y
nunca a satisfacer otro tipo de servicios, como gastos corrientes de los
ayuntamientos, nóminas...
Por lo que se refiere a la responsabilidad
que podría haberse contraído desde el Gobierno regional, el denunciante
deja constancia de que desde esa administración se ha venido actuando
«con una pasividad y una complicidad que llega hasta nuestros días,
optando por encontrar soluciones 'ad hoc' con el fin de no hacer
explotar a los consistorios».
Una situación que califica de «absoluta e ignominiosa colaboración en tan deleznable asunto».
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