MÁLAGA.- La Audiencia Provincial de Málaga ha dejado hoy visto para sentencia
el juicio contra el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz y el exasesor
urbanístico y cerebro del 'caso Malaya', el cartagenero Juan Antonio Roca, por la
operación urbanística en la finca 'El Pinillo' de Marbella.
El juicio comenzó el pasado marzo contra 21 personas por los delitos
de estafa, fraude, cohecho, contra la ordenación del territorio,
falsedad, prevaricación y alteración de subasta pública, aunque han
quedado dieciséis acusados porque a cinco se les ha retirado los cargos.
Anticorrupción acusa a Muñoz, Roca y exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) por una operación urbanística desarrollada
en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio
municipal, presuntamente, en beneficio de los acusados.
Siete exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) se declararon
desde el comienzo del juicio culpables ante el Tribunal, aceptaron su
culpabilidad y, por tanto, se conforman con ocho años de inhabilitación
para cargo público por prevaricación, pena solicitada por la Fiscalía
Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella.
Por su parte, Julián Muñoz se enfrenta a once años de cárcel y Juan
Antonio Roca a quince años de prisión por los delitos de cohecho,
estafa, fraude, alteración de subasta, negociación prohibida a
funcionarios y prevaricación administrativa. Hoy en el turno de la
última palabra, el exasesor ha dado las gracias por la flexibilidad del
Tribunal a la hora de eximirlos de asistir algunos días o dejarlos salir
antes para que pudieran comer en el centro penitenciario
El fiscal mantiene en su escrito acusatorio que desde que llegó al
poder el grupo GIL en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio
Roca, de forma concertada y con el propósito de enriquecimiento
injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y
lucro personal o en el de terceros".
En este caso, Roca presuntamente promovió la enajenación directa de
bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), utilizando la
figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente,
mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores
previamente concertados. Por su parte, Muñoz supuestamente tuteló desde
su destino como regidor suplente, "firmando los decretos necesarios a
tal fin".
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