CARTAGENA.- La diputada regional, María Giménez, ha hecho un llamamiento al
gobierno regional para que la reforma de la Ley de Vivienda del Estatuto
de los consumidores y usuarios impulsada por la PAH se ponga en marcha
cuanto antes para "frenar el número de ejecuciones hipotecarias en la
Región de Murcia que se ha incrementado en un 16%".
Giménez ha señalado que los datos del Consejo General del Poder
Judicial son "tan contundentes como tristes. La cifra de desahucios del
primer trimestre del año se han incrementado en Murcia por encima de la
mayoría de Comunidades Autónomas".
Es por ello, que la parlamentaria regional haya afirmado que "tras el
esfuerzo llevado a cabo por la sociedad civil, especialmente por la
Plataforma Antidesahucios, para llevar a cabo una reforma que permita
atajar de una vez por todas la terrible situación que viven cientos de
familias en la Región, los datos muestren otra vez una lamentable
realidad".
Ante la entrada en vigor, prevista para el 15 de septiembre, María
Giménez ha alertado de que la situación se puede volver "irreversible en
estos tres meses y se llegaría demasiado tarde para muchas familias.
Por ello, el gobierno del Partido Popular debe tomar medidas urgentes y
avanzar en el desarrollo de mecanismos que la reforma establece".
Para Giménez hay una medida que considera "prioritaria" y que es que
las administraciones públicas garanticen el adecuado realojamiento de
las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión
residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda
habitual para poder hacer efectivo el desahucio.
Por último, la diputada de Podemos, ha recordado que la reforma,
aprobada gracias al trabajo conjunto de Podemos y PSOE, con el voto
favorable de Ciudadanos, responde a la necesidad de dar solución "a la
situación de emergencia social que se vive en la Región, atendiendo de
forma global al grave fenómeno de los desahucios, introduciendo nuevos
principios rectores así como incorporando medidas de adhesión voluntaria
que establezcan obligaciones expresas a los llamados grandes tenedores
de vivienda, esto es, las entidades financieras, las filiales
inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las
entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la
reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil".
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