MADRID.- El Defensor del Pueblo acusa a
las entidades financieras propietarias de inmuebles que se encuentran
en situación de ocupación ilegal de hacer "caso omiso" a los
requerimientos y escritos que presentan vecinos afectados por esta
situación.
En el informe anual de la institución encabezada por Soledad
Becerril correspondiente a 2015, se hace constar un incremento del
número de quejas recibidas de los ciudadanos respecto a los problemas
que ocasionan estos 'okupas' y se precisa que, en general, estos los
inmuebles son de titularidad pública o de entidades bancarias.
El Defensor del Pueblo precisa que entre los problemas que se
encuentran los vecinos de los 'okupas' están la conflictividad originada
por éstos, los problemas de insalubridad por la acumulación de basura,
el deterioro de elementos comunes por actos de vandalismo, molestias por
ruido o perjuicio económicos, pues en los inmuebles que disponen de
contadores generales para los suministros de agua y electricidad, los
vecinos que residen legalmente tienen que hacer frente a los pagos
totales para que las compañías no corten el servicio.
Ante esta situación, la institución considera que la solución
pasa por que el propietario de los inmuebles inste el procedimiento de
recuperación posesoria para proceder al desalojo de los ocupantes
ilegales.
En este punto, tras quejarse que la banca desoye los
llamamientos de los vecinos para que eche a los 'okupas' de sus
edificios, Becerril sugiere a los ayuntamientos que valoren la
posibilidad de instar a la propiedad a que inicie este procedimiento de
recuperación posesoria.
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