SAN JAVIER.- El pleno del Ayuntamiento de San Javier aprobó anoche por
unanimidad una propuesta presentada por el grupo popular en la que se
defiende el mantenimiento de la sede del partido judicial de San
Javier, que cuenta con siete Juzgados de Primaria Instancia e
Instrucción, y se pide que se eleve a categoría de magistrados a los
jueces que prestan servicios en los Juzgados.
La propuesta, que
fue presentada por la concejala de Seguridad Ciudadana y Contratación,
María Teresa Foncuberta, solicita asimismo que se cree un destacamento
de Fiscalía que agilice la tramitación de los asuntos que requieren la
intervención del Fiscal y que se cree un Registro Civil independiente,
en el partido judicial de San Javier.
Foncuberta defendió como una
"prioridad" elevar a segunda categoría los Juzgados de San Javier por
el elevado índice de población, la carga competencial y la complejidad
de los asuntos que llegan, "por lo que precisan de la experiencia y
estabilidad que aportaría la elevación a magistrados de los jueces".
La
edil de Seguridad Ciudadana recordó que la población del partido
judicial, que agrupa a los municipios de Torre Pacheco, Los Alcázares,
San Javier y San Pedro del Pinatar, suma 111.850 habitantes, que en
verano alcanzan los 600.000, "por lo que cumple con los requisitos que
establece la ley para elevar categoría".
María Teresa Foncuberta
apunto, asimismo, que cuatro de los siete juzgados de San Javier
superan el 150% de carga de trabajo, a lo que se suma la complejidad de
los asuntos recibidos en una zona que recibe una gran cantidad de
población extranjera y que tiene una amplia y variada actividad
empresarial.
Por lo que, señala, "la elevación a segunda categoría
para el partido judicial de San Javier aseguraría la estabilidad de los
órganos judiciales, la agilización en la tramitación de las causas y la
reducción de temas pendientes".
La propuesta incluye asimismo, la
creación de un Registro Civil Independiente, ya que el actual depende
del Juzgado nº1 , y carece de los medios humanos y materiales
suficientes, al contar solo con dos funcionarios, y uno de apoyo, con
el fin de mejorar el servicio.
La propuesta, que recibió el
respaldo de todos los grupos políticos, va dirigida al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su traslado al Ministerio
de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Consejo
General del Poder Judicial.
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