MURCIA.- El Consejo de Gobierno del pasado 6 de agosto ha aprobado el Decreto-Ley que modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, argumentando que lo que pretenden con esta reforma es reforzar el derecho de participación de las entidades que intervienen en la prestación de este tipo de servicios.
Pero tras esta modificación - dice Alternativa Socialista-, lo único que queda claro es que a los
modos de gestión tradicionales (directa e indirecta con la normativa de
contratación del sector público), el Gobierno regional introduce dos
nuevas modalidades de gestión como son el concierto social con entidades
privadas, con o sin ánimo de lucro, y los convenios de colaboración con
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Alternativa Socialista considera que esta modificación normativa
convierte la prestación de los Servicios Sociales en nuestra comunidad
autónoma en un nuevo campo de negocio para las entidades privadas, al
igual que ha pasado con la educación y con la sanidad pública.
"El pastel es más que apetecible, más de 10.000 plazas de servicios
sociales podrán acogerse al nuevo Decreto-Ley. De este total, 7.276
plazas corresponden a servicios que se prestan a personas mayores y
personas con discapacidad, a las que se suman 200 en materia de
protección de menores y otras 123 para menores con medidas judiciales", añade en una nota.
"De esta forma, la Administración regional puede encomendar de manera
subsidiaria y complementaria a otras entidades que presten los servicios
incluidos en el catálogo de servicios sociales mediante un régimen de
concertación. Esta reforma normativa posibilitará por ejemplo que la
única residencia de mayores pública de Cartagena, la Residencia de
Fuente Cubas (en la imagen), cerrada por reformas varios años, sea gestionada mediante
concesión en lugar de directamente por el IMAS como hasta ahora, ó se
produzcan más clausuras de centros como el que se produjo en el Centro
Ocupacional de Espinardo", prosigue la nota.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás,
ha dicho que el objetivo es "garantizar los servicios que reciben las
personas más vulnerables, mayores o menores de edad, que son
dependientes o discapacitados", y que el concierto social permitirá
"agilizar los contratos que la Administración regional firma
periódicamente con las organizaciones sociales"; es decir, "el mismo
argumento que utiliza el Gobierno Regional para el caso de la
educación pública y la sanidad pública, ceder terrenos públicos para
hacer colegios concertados o incrementar los convenios con la sanidad
privada a la vez que se recortan plantillas y medios en la sanidad
pública".
Por ello Alternativa Socialista considera que esta nueva modificación
normativa, aunque pueda mejorar la situación de algunas entidades sin
ánimo de lucro que prestan con eficacia servicios sociales en nuestra
comunidad autónoma, "pronto ocasionará un desplazamiento progresivo de la
prestación de servicios por parte de la CARM en beneficio de empresas
privadas, que lógicamente intentaran ganar dinero a costa de la
prestación de personas mayores, discapacitados, minorías étnicas o
colectivos en riesgo de exclusión social, lo cual nos parece altamente
preocupante de cara al futuro".
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