MURCIA.- La secretaria de Infraestructuras del PSRM, Mª
José Lajarín y el viceportavoz parlamentario, Joaquín López, se han
preguntado "si hay alguien gobernando la Región de Murcia, al tiempo que
piden responsabilidades políticas por incapacidad en la gestión".
Para ambos dirigentes socialistas, las últimas noticias sobre el
aeropuerto de Corvera, aparecidas con motivo del auto del Tribunal
Superior de Justicia, en relación a la Ejecución inmediata del aval de
182 millones de euros, "son una fase más de este lamentable espectáculo y
nefasta gestión que el Gobierno regional está llevando a cabo con este
proyecto".
Y es que, en su opinión, esta resolución pone en evidencia a la
Comunidad Autónoma, que está incumpliendo su deber de velar por el
interés público. "Es indudable que el Gobierno regional se equivocó con
la rescisión de la concesión y debió agotar todas las opciones de
consenso antes de entrar en los tribunales".
Ante esta situación, también se preguntan qué más necesita
Valcárcel para explicar en la Asamblea Regional a los ciudadanos "el desastre del
aeropuerto antes de salir huyendo para Bruselas", según han informado
fuentes socialistas en un comunicado.
Para los socialistas, "esta es una prueba más del desbarajuste y
desgobierno del Ejecutivo de Valcárcel. Por un lado, Bernal pide que se
reintegren los 182 millones del préstamo y cuando la empresa recurre esa
medida, el propio Gobierno regional, con el consejero Campos a la
cabeza, va contra sus propios actos y retira su petición de reintegro de
los 182 millones. ¿Qué está pasando en San Esteban?".
Igualmente, ambos dirigentes han añadido que "lo único cierto es
que lo que está ocurriendo con los grandes proyectos del Gobierno
regional es una vergüenza, que en el caso del aeropuerto tiene ya y
tendrá costes muy altos, tanto económicos como de reputación para la
CCAA, que pone en riesgo la seguridad jurídica de cualquier empresa con
esta actitud".
Por último, apuntaron que "después de años de promesas, estamos
sin aeropuerto, rescindimos el contrato, y ahora, asumen los ciudadanos
los 182 millones sin ninguna garantía, una situación absolutamente
impresentable".
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