LA UNIÓN.- El senador del PPRM, Francisco Bernabé, ha
pedido al Gobierno de Sánchez a través de una moción una serie de
medidas de carácter urgente para que las comunidades de vecinos se
enfrenten la desescalada con garantías, ya que el 80 por ciento de la
población reside en edificios comunitarios y "es imprescindible que se
regulen los aspectos de protección y sanitarios para la utilización de
los espacios comunes".
Bernabé ha adelantado que, ante la época estival, el Ejecutivo
central debe de anticiparse y "preservar todos los aspectos sanitarios
de los edificios conservando las condiciones higiénicas para evitar
cualquier tipo de contagio", y a lo que ha pedido "un protocolo con
normas y criterios generales aplicables a todo el país para gestionar de
forma eficiente el servicio de piscinas comunitarias".
A su vez, el senador ha explicado que los administradores de
fincas van a centrar sus esfuerzos en la adopción de medidas que
consideren necesarias para garantizar el mejor funcionamiento de los
edificios, por lo que "el Gobierno de Sánchez debe de tener en cuenta
las demandas de este sector y considerarlo como una pieza clave en el
proceso de desescalada".
Asimismo, ha subrayado que "ante el aluvión de actuaciones que
tienen que emprender, los administradores no disponen de los recursos
suficientes para atender al equivalente del doble del trabajo que
habitualmente desarrollan", por lo que es imprescindible impulsar
actuaciones generales.
El senador 'popular' ha dicho que ante la posibilidad de que en
los edificios se tengan que llevar a cabo obras o contratar servicios
destinados a mejorar la habitabilidad, "el PP ha solicitado la
aplicación con carácter general del 10 por ciento de IVA reducido, así
como la ampliación hasta el 31 de marzo de 2021 los plazos que afectan a
todas las obligaciones de las comunidades de vecinos como las
inspecciones técnicas".
Igualmente, el PP ha pedido que se regule la celebración de las
Juntas Generales obligatorias de las comunidades de vecinos de forma
telemática y que se prorrogue durante un año los plazos que disponen
para celebrarlas, así como la función de confirmación de las personas
que desempeñan cargos en las comunidades.
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