Para los asesores fiscales, abogados y economistas, es un honor que en
estos tristes momentos se nos considere un servicio esencial y se nos
ponga al mismo nivel que los médicos y el mundo sanitario en general y
todos los demás cuerpos que están entregándose, a veces con el coste de
sus vidas, a salvar las de los demás.
En realidad, este inmerecido honor tiene una sola razón: el Gobierno
se ha negado, por activa y por pasiva, y frente a las reiteradas
peticiones de todos los colectivos que se dedican a la preparación de
las declaraciones y de las autoliquidaciones, a retrasar el plazo para
dar cumplimiento a las obligaciones previstas.
Al Decreto de declaración
del estado de alarma, inaplicable a los procedimientos tributarios, le
siguió un Real Decreto-ley donde, una vez analizado el confuso texto, lo
único que se contempla es que las liquidaciones tributarias (aquéllas
cuyo pago deben tramitar los funcionarios de la Agencia Tributaria)
queden diferidas hasta finales de abril o mayo, pero no se incluyen las
autoliquidaciones, lo que genera una sensación de discriminación
respecto al respeto por la salud de unos y otros actores en el mundo
tributario.
Posteriormente, la propia ministra manifestó en rueda de prensa, y a
preguntas sobre estas decisiones, que ya se había hecho bastante, al
permitir aplazar deudas de hasta 30.000 euros a pequeñas empresas y
autónomos por un máximo de 6 meses y cobrándoles intereses de demora por
tres de ellos. Además, iban a avalar a los ciudadanos para que pudieran
pedir prestado para pagar sus impuestos. En otras circunstancias sería
propio de una película de los hermanos Marx. En éstas, es kafkiano.
La razón de esta actitud se nos escapa. Muchas comunidades autónomas
y ayuntamientos, y todos los países de nuestro entorno, incluso tan
lejanos como India, han alargado dichos plazos para no añadir más
presión sobre las empresas y las personas. Podría alegarse que el Estado
necesita en este momento recursos y no puede prescindir de los
ingresos. Ello sólo es cierto en parte. El Estado tiene mucho más acceso
a la financiación que la mediana y pequeña empresa o los autónomos, y a
costes mucho más bajos. Por otra parte, no se ha prolongado ni tan
siquiera el plazo para presentar una declaración como el Modelo 720, que
no conlleva ingreso alguno.
Razones para el aplazamiento
Las razones para exigir un aplazamiento son, aparte del sentido
común que no hay que dar nunca por sentado, de dos tipos: la primera, ya
se ha mencionado, la falta de liquidez de las empresas y de los
autónomos en un momento en que, sin poder llevar a cabo su actividad,
tienen que pagar los salarios a los trabajadores, entre otros muchos
gastos comprometidos antes de la crisis. La segunda es igualmente
evidente: entre los contribuyentes y los asesores hay personas que se
han contagiado del coronavirus.
¿Puede alguien imaginarse a una persona
infectada sufriendo, además, porque tiene que hacer llegar a su asesor
los datos para presentar una declaración? Eso suponiendo que tenga los
medios digitales para hacerlo, que no todo el mundo los tiene. Muchos
ciudadanos todavía llevan sus papeles en persona cuando toca hacer la
declaración de la Renta, por ejemplo. ¿Se les va a pedir que lo hagan
también ahora? ¿Es realmente imprescindible? ¿No se puede esperar?
A finales del año pasado, la AEAT propuso que asesores y colectivos
profesionales se adhirieran a un Código de Buenas Prácticas Tributarias,
buenas prácticas sólo exigibles de los asesores y de sus
contribuyentes. La mayoría de los miembros de la Asociación nos
alegramos ahora de no habernos sumado. ¿Puede alguien creer que lo que
está haciendo el Ministerio de Hacienda, opuesto a lo que están haciendo
los otros países, es una buena práctica tributaria? Decididamente, y
contrariamente al eslogan que se hizo famoso cuando España empezó a
pagar impuestos en serio, no, Hacienda no somos todos.
Pero deberíamos serlo. En Aedaf creemos y defendemos un sistema
tributario justo, basado en la proporcionalidad y la seguridad jurídica.
Los asesores fiscales somos una pieza fundamental entre la
Administración Tributaria y los ciudadanos y, por ello, hemos ofrecido
toda nuestra colaboración al Ministerio de Hacienda y a la AEAT a través
de la propuesta de medidas tributarias para hacer frente al impacto
económico y social del Covid-19 y, sobre todo, a minimizar, en el corto
plazo, las situaciones de déficit de liquidez grave de las empresas
españolas.
(*) Presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales
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