MADRID.- La Audiencia Nacional continuará sus pesquisas en torno a la trama de
corrupción Púnica, que salpicó a varias provincias, al rechazar una
batería de recursos en los que algunos imputados pedían el archivo de la
causa.
La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia ha avalado la postura
del juez del caso, Manuel García Castellón, al decidir continuar el
procedimiento contra varios exlíderes políticos de Almendralejo
(Badajoz), Cartagena (Murcia) y Valdemoro (Madrid).
Por parte de la localidad pacense, pidieron el archivo de la causa
quien fuese teniente de alcalde Luis Alfonso Merino, actual concejal, y
el exedil de Alumbrado Público José Antonio Regaña.
Respecto al primero, la Audiencia cree que persisten indicios de que
se concertó presuntamente para adjudicar a Cofely -empresa vinculada a
la trama- un contrato público de eficiencia energética de 2014.
Del mismo modo, la Sala desestima las alegaciones "interesadas y
subjetivas" de Regaña -que también negó la existencia de indicios contra
él- dado que la investigación no permite descartar su intervención
presuntamente delictiva en la trama.
También considera "prematuro" el tribunal levantar la imputación al
exconcejal de Hacienda de Valdemoro (Madrid) José Javier Hernández por
su presunta relación con otro contrato de eficiencia energética
adjudicado en 2013 a Cofely, bajo la presunta intermediación de David
Marjaliza, uno de los principales imputados en la causa, supuestamente a
cambio de comisiones.
Será tarea de las partes, dice la Sala, "desentrañar" su supuesta
participación en "la presunta trama defraudadora y falsaria" sin que
ello afecte a su presunción de inocencia.
El tribunal también desestima en otro auto un recurso del exalcalde
de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, que pedía que se
desbloqueara una cuenta bancaria con más de 100.000 euros y un plazo
fijo con 195.000. La Sala ve proporcionado el embargo para atender a
eventuales responsabilidades civiles futuras.
También en otro auto, rechaza el recurso que interpuso la Asociación
de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra la decisión del juez de
no investigar los años comprendidos entre 1999 y 2004 al considerar que
estaban prescritos.
No se mete la Sala a valorar la prescripción contemplada por el
magistrado, sino que desestima el recurso al considerar que la
asociación no tiene "legitimación activa" para recurrir un auto en el
que se denegaban unas diligencias solicitadas por Anticorrupción, y
recuerda que el juez ya denegó un anterior recurso al considerar que la
solicitud era "genérica".
La Sala todavía debe decidir sobre el recurso de la Fiscalía a dicha decisión del juez.
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