La filtración de la agencia Europa Press de que el Tribunal Constitucional
habría establecido una estrategia para que los recursos de los presos
políticos quedaran dormidos en los cajones para evitar que llegaran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo antes de la sentencia del Tribunal Supremo,
desencadenó este domingo una auténtica oleada de protestas del mundo
del derecho y, obviamente, de letrados que habían llevado la defensa.
No
han sido ni uno, ni media docena de recursos, sino hasta medio centenar
de recursos de amparo ante el TC. Una situación que, por ejemplo, Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras,
ha calificado de muy grave y se ha lamentado de que así se entiende que
su cliente viera como el TC tardaba dos años en decidir el recurso
contra la prisión provisional hasta hacerlo inefectivo.
El Tribunal Constitucional no puede guardar silencio ante la
publicación de una noticia tan escandalosa. Una cosa es que lo que todos
veíamos e incluso podíamos llegar a sospechar y otra muy diferente que,
como dice Joaquín Urias, un órgano juridiscional pueda
establecer una estrategia para impedir la internacionalización del
juicio del Supremo.
Para nuestro colaborador Joan Queralt,
las dilaciones del Constitucional saltaban a la vista, y el mecanismo
ad hoc hará que el estado de derecho en España adquiera tintes
fantasmagóricos. Podríamos seguir, ya que son muchos más los
profesionales del derecho que no han guardado silencio.
La reanudación de la semana parlamentaria debe ser aprovechada por
los partidos independentistas para tratar de llegar hasta el fondo de la
noticia. En las dos cámaras existe como comisión permanente
legislativa la Comisión Constitucional. El Govern también debería pedir
explicaciones al TC ya que la injusticia habría sido clamorosa y la
indefensión de los presos políticos, manifiesta.
(*) Periodista y director de El Nacional
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