MADRID.-La Región de Murcia, Navarra y Cataluña son las regiones que mejor gestionan las subvenciones en todos los ámbitos,
según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El
estudio, integrado dentro de un proceso de revisión del gasto integral
público, está centrado en laplanificación estratégica y los procedimientos en el ámbito de las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, que suponen un monto de 14.000 millones.
Para el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, la principal conclusión es la carencia de evaluación de las políticas públicas,
que solo se rigen por una fiscalización que no va más allá de un
control legal y contable, en el que no se tienen en cuenta los
resultados.
Escrivá matizó que este proceso de revisión no es «un ejercicio para ahorrar», sino un análisis para mejorar la forma en que se «instrumentan» las subvenciones, en las que se detectó una escasa vinculación con las políticas públicas subyacentes y un nulo carácter estratégico.
Fuentes
de la AIReF explicaron que no cabe decir que exista «un descontrol» en
las subvenciones, pero sí una falta de estrategia, de transparencia y de
trazabilidad, de manera que no se puede asegurar si existen duplicidades o solapamientos,
puesto que es imposible hacer el «recorrido» desde que la subvención
sale de una administración pública hasta que llega al beneficiario.
Las mismas fuentes aseguraron que este estudio concreto sobre subvenciones les permitió detectar una falta de estrategia en la definición de todas las políticas públicas,
ante lo que la AIReF volvió a insistir en la necesidad de un
programación presupuestaria de medio plazo mejor coordinada entre todas
las administraciones.
Respecto al mal uso, la AIReF explica que no existe una cultura sancionadora como la que existe en el ámbito tributario,
en el que se ejecutan las sanciones impuestas y se aplican intereses de
demora. En el marco de las subvenciones, aunque las sanciones están
previstas, con mucha frecuencia los procedimientos caducan o las
sanciones nunca llegan a cobrarse.
«La ley exige un determinado
comportamiento del beneficiario teniendo como fin último una utilidad
social y si eso no se cumple tendría que haber reintegro de la
subvención y sanciones», subrayan desde la AIReF.
Frente a la
situación que se encontraron, la Autoridad propone un sistema de
información e indicadores, integrado en el propio proceso de gestión,
que permita evaluar los resultados y aumentar la transparencia.
Asimismo, aboga por reformar las conferencias sectoriales, eliminando su
enfoque centralista actual y convirtiéndolo en una verdadero órgano de intercambio de información y de referencia para saber cuánto se gasta en cada una de las políticas públicas que abordan, como la vivienda o el empleo.
Al
respecto, la AIReF critica que este órgano se haya convertido en un
mero instrumento político que solo sirve para repartir dinero del Estado
a las comunidades autónomas. Como ejemplo, el estudio pone la
Conferencia Sectorial de Vivienda -una de las que más fondos reparte
entre las comunidades-, cuyos objetivos de reparto de ayudas se fijaron
en 1992 y permanecen inamovibles, sin que se conozcan los criterios con
los que se establecieron.
La AIReF pensó que podría haberse hecho
con la variable de población, pero se encontró que en el caso de
Baleares el porcentaje asignado en 1992 era mucho mayor a la población y
en la actualidad está por debajo.
Según el informe, de los 14.000 millones en subvenciones, unos 10.000 millones son concedidos por las autonomías, que en general presentan una mejor planificación estratégica que la administración central, aunque no están por delante en lo referente a la rendición de cuentas.
Según el informe, de los 14.000 millones en subvenciones, unos 10.000 millones son concedidos por las autonomías, que en general presentan una mejor planificación estratégica que la administración central, aunque no están por delante en lo referente a la rendición de cuentas.
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