No ha tenido Cartagena suerte con sus dirigentes en los últimos
tiempos. La imagen que han proyectado de la ciudad trimilenaria no hace
justicia a su realidad histórica, turística, cultural y empresarial. Las
importantes transformaciones que, para bien, experimentó Cartagena en
las últimas décadas se han visto manchadas por comportamientos muy
alejados de la ética cívica. Cuanto más necesaria era la ejemplaridad en
la vida pública, más se alejaron de ella quienes más obligados estaban.
Por soberbia y por prepotencia.
Lo que digo hoy se lo dije en persona a
Pilar Barreiro cuando era alcaldesa y se quejaba de la cobertura
informativa de determinadas actuaciones de su alcaldía que, decía,
estaban dentro de la legalidad. Mi respuesta fue que no nos correspondía
como periodistas dilucidar lo que es exclusiva competencia de jueces y
fiscales, pero sí, desde luego, informar de las investigaciones
judiciales a cargos públicos electos, como ella. Como también, en un
ejercicio responsable de la libertad de expresión, opinar sobre
comportamientos que a nuestro parecer pudieran ser políticamente
inadecuados.
Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Cartagena llegase a
acuerdos con empresas representadas por el exalcalde José Antonio
Alonso. Si eso mismo ocurriera en Madrid, entre la entonces alcaldesa
Ana Botella y su predecesor Gallardón, por ejemplo, se encontraría con
un frontal rechazo social, le argumenté en una ocasión.
Mi posición en
apoyo de la independencia de los periodistas de 'La Verdad' de
Cartagena, frente a una alcaldesa que le gustaba hacer gala de mandar
mucho, hicieron que nuestra relación institucional fuera tensa, pero
respetuosa y en ningún caso cicatera en el reconocimiento al impulso que
dio a la ciudad. (Por nuestra indicación fue invitada a un foro
internacional de Vocento para explicar el exitoso proyecto de
recuperación patrimonial de Cartagena).
Lo que vino después es
conocido. En la antesala de las elecciones, Barreiro encargó a la
empresa de la 'operación Púnica' una limpieza de su reputación 'online',
con notas de prensa publicadas en medios digitales 'zombies', que
desplazaban en el buscador de Google a todas las noticias que 'La
Verdad' y otros medios habían publicado, como era su obligación, sobre
el 'caso Novo Carthago'.
Según el Tribunal Supremo, no existió delito
porque no quedó acreditado que ese lavado de imagen se hiciera con
fondos públicos. Entre esas noticias poco favorables estaban no pocas
protagonizadas por un concejal llamado José López, de verbo muy
vehemente y que planteaba entonces una férrea oposición en asuntos de
planeamiento urbanístico donde había intereses políticos y empresariales
enfrentados en la ciudad.
Como se comprobaría después, tras convertirse
en alcalde con un pacto con la socialista Ana Belén Castejón, López
mostró la misma aversión a la crítica y a la fiscalización de los medios
de comunicación que su predecesora en el cargo. Pero él fue mucho más
allá, con ataques a la prensa que sobrepasaban lo razonable en un
sistema democrático. No solo señalaba a periodistas con nombres y
apellidos, sino que les insultaba en televisiones, radios, redes
sociales y actos públicos.
'Mono con bolígrafo' o tuercebotas fueron
algunos de los calificativos recibidos públicamente del entonces alcalde
por nuestros periodistas, cuyos nombres en las redes han llegado a
aparecer junto a la imagen de un ataúd. López ha ido fabulando con todo
tipo de relatos absurdos para convencer a los suyos de que es objeto de
una persecución, una estrategia populista de manual de quien pretendió
en el inicio de su alcaldía crear una web institucional para desmentir
informaciones periodísticas y proporcionar una 'versión oficial' de su
gestión.
En una reciente resolución donde se le desestimaba una
denuncia, interpuesta por López a raíz de la publicación en 'La Verdad' y
otros medios de un vídeo de su presunto intento de agresión a un ex
director general de la Comunidad Autónoma, la presidenta de la Agencia
Española de Protección de Datos le ha tenido que recordar el valor
preferente de la libertad de información cuando se trata de asuntos de
relevancia pública.
José López suele acabar muchas de sus
polémicas recurriendo a los juzgados. Lo hizo tras solicitarnos una
retractación cuando 'La Verdad' desveló que el Ayuntamiento, en su etapa
de alcalde, contrató a un primo suyo con un acuerdo negociado sin
publicidad. En el ejercicio de sus derechos, López llevó a este director
ante un tribunal, que desestimó íntegramente la demanda, dejando en no
muy buen lugar a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que fue
condenado al pago de las costas.
El juez destacó en varios pasajes de su
sentencia la «flagrante irregularidad» y el «abusivo ejercicio del
derecho» cometidos por la parte demandante, dado que José López no
estaba habilitado para presentar la acción judicial y fue la alcaldesa
Castejón quien quiso hacerlo posible, dos años después, con un decreto
aprobado exprofeso para que pudiera actuar contra 'La Verdad'.
Lo
discutible aquí no es que ejerza sus derechos en los tribunales, sino
que para un asunto personal de su antigua etapa de alcalde haga uso de
los jurídicos municipales y exponga al pago de las costas a los
contribuyentes cartageneros.
Hoy es muy probable que las redes sociales
vuelvan a llenarse, una vez más, de insultos, contra mí y otros
periodistas de 'La Verdad'. Y, una vez más, me preguntaré qué les hará
pensar que lograrán con sus tuits anónimos lo que no consiguieron los
etarras con sus pistolas.
Nuestro compromiso con el derecho a la
información de los cartageneros desde hace 116 años, 60 con edición
propia, nunca decaerá. Como diría José López, eso es una verdad como un
puño. Dicho sea sin acritud y con educación.
(*) Periodista y ex director de La Verdad
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