Aunque uno no debe abrigar muchas esperanzas respecto a lo que acabe sentenciando el Tribunal Supremo y cuando ya se han cumplido cuatro meses desde el inicio del juicio del procés,
era importante escuchar este martes las tres acusaciones, la Fiscalía,
la Abogacía del Estado y Vox, en su último turno de palabra antes de la
conclusión del juicio.
Las dos primeras porque, de alguna manera, son
brazos ejecutores del Estado y del Gobierno; y la derechona de Vox, para
escuchar hasta dónde estaba dispuesta a subir el diapasón. Ninguna
novedad por parte de las acusaciones en sus exposiciones y la
constatación de que, en el fondo, el juicio no ha sido más que un
formalismo ya que las penas están fijadas de antemano.
Uno de los oradores dio perfectamente en el clavo de lo que ahora tiene
que rematar el Tribunal Supremo en su sentencia de los presos políticos:
un castigo con elementos disuasorios permanentes para que nadie lo
vuelva a intentar en muchos años.
Así se entiende la dureza de las penas solicitadas, la
criminalización de las movilizaciones ciudadanas, los relatos pergeñados
de falsedades y que llegan a la opinión pública marcadamente
sesgados de lo que sucedió en aquellas jornadas; y, por encima de todo,
la reafirmación de que hubo un golpe de Estado
protagonizado por las instituciones catalanas con la convivencia de las
organizaciones sociales independentistas.
Ni un resquicio dejó la
Fiscalía en las cuatro intervenciones que protagonizaron sus
responsables. Esa Fiscalía que parece que nadie ha nombrado y de la que
ahora el PSOE y antes el PP dicen no saber nada y que mantiene los delitos de rebelión para
nueve de los acusados con petición de penas que van de los 16 a los 25
años de prisión y con el añadido de que cumplan el 50% encerrados antes
de tener acceso al tercer grado.
Aunque la Abogacía del Estado baja un escalón hasta la sedición, la
petición de penas se mueve entre 6 y 12 años. La convicción en el Madrid
político es que el Supremo está muy en consonancia con la demanda de la
Fiscalía, con la base argumental del juez instructor Pablo Llarena
y que Marchena y el resto de miembros de la sala tienen a estas alturas
construido mentalmente cuál debe ser el fallo final.
A falta de dos o
tres jornadas, para la semana que viene quedan las alegaciones de las
defensas y las exposiciones públicas de los acusados, y el juicio
quedará visto para sentencia.
Es evidente que la imagen del Supremo como un tribunal imparcial y
garantista no sale bien parada de este juicio. Pero parece que todo el
mundo esto lo tiene más que asumido y, con el tiempo, ya amainará. De
aquí a que hablen los tribunales europeos faltan muchos años y cuando
llegue ese momento otra clase política tampoco se sentirá responsable.
Y
es que, en el fondo, qué preocupación puede tener un Tribunal Supremo
que, en el escrito por el que se mantienen los restos
del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, afirma lo
siguiente: "El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936
hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la
controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar..."
Es de
básica que en aquella fecha lo que protagonizó fue un golpe militar
contra el gobierno legítimo de la República pero, por lo que parece, la
historia se puede reescribir en los tribunales. Todo un torpedo en la
línea de la verdad pero que ayuda a entenderlo todo.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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