Uno de los miembros del Consejo de la
Transparencia lo afirmó ayer taxativamente (no entre signos de
interrogación, como en el titular que precede a estas líneas), y así
quedó reflejado en el acta de la reunión oficial de ese organismo
público: la dirección general de la Función Pública del Gobierno
regional ha venido autorizando pagos que ya superan los 120.000 euros
para financiar la defensa legal del expresidente de la Comunidad, Pedro
Antonio Sánchez, quien, como es sabido, está siendo investigado en
distintos casos de presunta corrupción.
Algunos
de estos casos han sido archivados, como el referido a su imputación en
Púnica, la única causa ligada a su ejercicio en el Gobierno regional,
pues el resto se refieren a actuaciones previas como alcalde de Puerto
Lumbreras (Pasarelas, o los aún vigentes casos Auditorio y Guardería).
Pero ni siquiera sería posible entender que, aunque solo fuera en lo
referido a Púnica, la Comunidad tuviera que hacerse cargo de la defensa
personal del que fuera consejero de Educación cuando se produjeron los
hechos que derivaron en su imputación.
Testigos
presenciales en la reunión del Consejo de la Transparencia, que al
parecer resultó movidita, aseguran que los representantes en ella de la
Administración regional no refutaron, ni intentaron hacerlo, la
afirmación de quien denunció la existencia de esos pagos. Tal afirmación
se produjo en el contexto de un debate acerca de la necesidad de que la
consejería de Transparencia, ligada a la Portavocía del Gobierno,
debiera ofrecer al Consejo toda la información acerca de sus actuaciones
en defensa del expresidente de la Comunidad.
Todo
esto coincidía con la recepción de una carta, dirigida al Consejo, pero
que a éste le llegó abierta, rasgada por un abrecartas (se supone que
pasó antes por algún otro departamento de la Administración), que
contenía el informe del Defensor del Pueblo que validaba la denuncia
ante esta institución sobre obstrucciones del Gobierno regional a la
labor del organismo autónomo encargado de velar por la transparencia.
Puesto el documento ante una notario para que certificara la violación
de correspondencia, el presidente del Consejo, José Molina, acudirá hoy
ante el fiscal para denunciar el hecho.
Ciudadanos
ha anunciado que, tras las elecciones, impulsará una auditoría externa
sobre las finanzas de la Comunidad, ya que la gestión del PP ha generado
una deuda que las sitúa mucho más allá de la quiebra técnica, mientras
López Miras sigue anunciando reducciones de impuestos. Tal vez el resto
de fuerzas políticas debieran incorporarse a esa iniciativa, vistos los
velos que se le imponen al Consejo de la Transparencia.
Lo
cierto es que dicho Consejo, como ratifica el Defensor del Pueblo,
carece de medios para desarrollar su función de fiscalización y control
del buen gobierno y es considerado con escasa voluntad de colaboración.
El Gobierno regional se adorna con estos organismos, y presume de ellos
incluso en el título de una de sus consejerías, pero se blinda con los
más diversos recursos ante sus demandas, evitando así que funcionen. No
es extraño, cuando desde el Consejo se advierte y consta en acta que
podrían estar produciéndose pagos impropios.
El lema de López Miras es «en defensa de la Región», pero cabe la sospecha de que en realidad trabaje «en defensa de PAS».
(*) Columnista
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