MADRID.- La estrategia fiscal del Gobierno
pasa por mantener prorrogados los Presupuestos de 2018 el resto del año y
por trasladar a 2020 las medidas tributarias incluidas en los fallidos
Presupuestos de 2019, manteniendo el impacto esperado de dichas medidas
en 5.654 millones de euros de ingresos adicionales.
Ese impacto recoge también el efecto de las medidas de lucha contra el
fraude y de las dos nuevas figuras tributarias (transacciones
financieras y servicios digitales) que los socialistas impulsaron
mediante sendos proyectos de ley que decayeron con la convocatoria
adelantada de elecciones, según la actualización del Programa de
Estabilidad 2019-2022.
La ausencia de nuevos presupuestos en 2019 lleva al
Gobierno a plantear un déficit del 2 % del PIB en 2019, frente al 1,3 %
actualmente vigente, si bien supondrá una reducción de medio punto con
respecto al cierre de 2018 (2,5 %) gracias a que se han adoptado medidas
adicionales de ingresos con una recaudación prevista de casi 3.800
millones este año, según detalla el Programa de Estabilidad.
"Junto a estas medidas fiscales adoptadas, el Gobierno prevé destinar
los ingresos o ahorros excepcionales (por ejemplo derivados de la
reducción de tipos de interés) a la reducción adicional del déficit o de
la deuda pública", añade el documento.
Se prevé
seguir rebajando el déficit público al 1,1 % del PIB en 2020 y al 0,4 %
en 2021, para alcanzar el 2022 el equilibrio presupuestario.
A partir de 2019 se esperan superávit primarios (descontando los
intereses de la deuda), lo que posibilitará acelerar la reducción del
nivel de deuda pública sobre PIB, hasta situarse por debajo del 90 % al
cierre de 2022.
El principal ingreso de las medidas
tributarias pospuestas para 2020 serán los 1.776 millones procedentes de
establecer un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para
grandes empresas y de la limitación de las exenciones.
Le sigue el impuesto digital con 1.200 millones, el que grava las
transacciones financieras con 850 millones y la fiscalidad verde con 670
millones que incluyen la subida de la tributación del diésel en 3,8
céntimos por litro.
La lucha contra el fraude serán
otros 828 millones, el incremento del impuesto del patrimonio recaudará
339 millones y la subida del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros
anuales y a 300.000 euros ingresará 328 millones, entre otras medidas.
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