MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado
hoy el acuerdo de interpretación del método para calcular la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a la que deberá
hacer frente el Estado por el rescate de las nueve autopistas quebradas,
ha informado Fomento.
La RPA es la cantidad que el
Estado deberá pagar a los dueños de las concesionarias, en su mayoría
fondos que compraron su deuda, por la inversión que se hizo en su día
para construir las carreteras y que quedó pendiente de amortizar al
resolverse anticipadamente los contratos de concesión.
Mientras en documentos remitidos a Bruselas, el Ejecutivo
la ha cuantificado en unos 1.800 millones, las concesionarias calculan
que ronda los 3.600 millones de euros.
El acuerdo
aprobado por el Ejecutivo resuelve el expediente iniciado de oficio por
el Ministerio de Fomento, en el ejercicio de la prerrogativa legal de
interpretar los contratos administrativos y determinar los efectos de su
resolución.
El cálculo de la RPA forma parte del
proceso de liquidación de los contratos concesionales, que se
resolvieron antes de tiempo tras entrar en concurso las concesionarias
de las autopistas afectadas -R-3, R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7
Circunvalación de Alicante), AP-7 Cartagena-Vera, AP-36 (Ocaña-La Roda) y
Madrid-Toledo (AP-41)-, ahora gestionadas por la estatal Seittsa.
El
acuerdo concreta aspectos como la valoración de las obras de
construcción y diferentes conceptos a incluir en la valoración de las
expropiaciones de terrenos, así como la forma en que se tendrán en
cuenta otras circunstancias especiales, como la existencia de convenios
de aprovechamientos urbanísticos o la minoración a realizar en los casos
en los que Fomento asumió los pagos por sentencia judicial.
Además,
fija el procedimiento de amortización de las obras y expropiaciones,
así como el período que se considerará en su cálculo; el tratamiento de
los límites de la RPA en concepto de expropiaciones y obras, previstos
en su momento en los pliegos y ofertas de los licitadores, y el método
de cálculo de los intereses de demora y la fecha desde cuándo serán de
aplicación.
En cuanto a la garantía de construcción,
el acuerdo recoge lo ya indicado en los acuerdos de resolución de los
contratos, encontrándose esta cuestión actualmente pendiente de los
recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo.
El
expediente de interpretación se inició el 15 de noviembre de 2018, a
propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias
de Autopistas Nacionales de Peaje.
Tras el periodo de
audiencia pública, y una vez analizadas las alegaciones recibidas, la
propuesta de acuerdo se sometió a informe de la Abogacía del Estado y se
recabó dictamen del Consejo de Estado.
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