VALENCIA.- El cartagenero Eduardo Zaplana ataca de raíz el origen de la investigación del caso Erial
que lo ha mantenido nueve meses en prisión y lo acusa de diez delitos
relacionados con la corrupción. La defensa del expresidente de la
Generalitat, que ejerce el abogado y exfiscal anticorrupción Daniel
Campos, ha recurrido el auto del 20 de noviembre de 2015 con el que
arrancó la macrocausa judicial que investiga al exministro y su círculo
de confianza, según el diario Levante-EMV.
Y que considera está basada en «la ilicitud de la
incautación de los documentos» hallados en el despacho del abogado del
yonki del dinero, Marcos Benavent, «no amparada por un auto de
autorización judicial» y seguida por una «completa investigación
prospectiva sin cobertura jurídica».
El letrado de Zaplana considera, por tanto, que «se ha vulnerado el
derecho a la presunción de inocencia» del expresidente de la Generalitat
«al haberse incoado unas diligencias previas a partir de una ilícita
actividad de investigación prospectiva y sobre la base de unos
documentos obtenidos ilícitamente».
La bautizada como «hoja de
ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico encontrada
en el despacho del abogado de Marcos Benavent (a quien se lo dio un
ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó Zaplana), según el
abogado de Zaplana, no tenía nada que ver con la documentación del caso Imelsa
o la empresa Berceo Mantenimientos, que era el objetivo del registro
por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
autorizado el 29 de mayo de 2015.
Un registro en el que no se constató
en ningún acta «el hallazgo casual que obligara a ampliar la
autorización de entrada y registro».
Tuvieron que pasar cinco
meses y medio, destaca la defensa del exministro en su escrito, «para
que la Guardia Civil presentara un oficio» al Juzgado de Instrucción nº 18,
que investiga el caso Taula,
en el que sí informaban del «hallazgo casual de documentos relevantes».
Unos documentos que, a juicio de la defensa del también exministro
portavoz, no revelaban la comisión de ningún delito (y tampoco aparecía
citado Zaplana) por lo que el informe aportado por la Guardia Civil
sobre la adjudicación del Plan Eólico y los movimientos de divisas a
través de empresas luxemburguesas «responde todo a la tarea de 'cocina'
realizada por la UCO durante casi seis meses», según el escrito de
defensa presentado al juzgado del caso Erial.
Una hipótesis
«que asume inopinadamente el Ministerio Fiscal» que construye «un relato
imaginario basado en el informe de la UCO» y que dio lugar a que se
creara una nueva causa que cayó, por turno de reparto, en el Juzgado de
Instrucción nº 8. En lugar, defiende el letrado del exjefe del Consell, de
«solicitar una nueva autorización al Juzgado de Instrucción 18 que
legitimara la incautación del documento» o hallazgo casual.
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