MADRID.- Los tribunales han dado la razón al hidrogeólogo Francisco Turrión y confirman que "el auténtico móvil" de la sanción que le interpuso la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
el pasado diciembre de 2017 fue "coartar la libertad de expresión" del
experto al publicar un informe con Greenpeace en el que ponía en duda la
necesidad de los trasvases, según publica www.eldiario.es
El experto señaló en su día que querían
"taparle la boca". Una juez ha dictado sentencia, a la que eldiario.es
ha tenido acceso, por la que obliga a la Confederación a indemnizar a
Turrión con 12.000 euros por "daños y perjuicios morales". La CHS no ha
querido hacer declaraciones.
El hidrogeólogo afirma,
desde hace 10 años, que la cuenca del Segura no es deficitaria y que no
necesitaría trasvase gracias al "agua subterránea renovable, el agua que
entra y sale todos los años de la Cuenca, y el agua desalada".
Turrión
insiste en que "el déficit estructural es mentira", y que, de hecho,
"tenemos un superávit anual de 200 hectómetros al año". Una vez
publicado el informe, la CHS suspendió al técnico de empleo y sueldo
durante seis meses y cinco días mediante diferentes sanciones "muy
graves".
Las faltas fueron comunicadas en diciembre de 2017 con la
apertura de un expediente disciplinario por "denigrar" el trabajo de
sus compañeros, "utilizar información confidencial de la Confederación" y
no tener "compatibilidad para hacer ese trabajo" debido a su condición
de empleado público, según indica el experto.
Sin embargo, Turrión
afirma que "no había utilizado ninguna información que no estuviera en
internet".
Al comunicarle lo decidido por la CHS, presentó una
demanda de vulneración de los derechos fundamentales, del derecho a la
libertad de expresión y de información.
"Desde finales de marzo hasta
principios de octubre yo he estado en mi casa sin cobrar. Si no llega a
ser por mi madre a lo mejor habría tenido que vender mi casa", lamenta
el hidrogeólogo.
Francisco Turrión apunta que él
ejerce el derecho a la libertad desde hace diez años, debido a las
conferencias y artículos de prensa que difunde sobre el Plan Hidrológico
como "parte del proceso de planificación al ser ciudadano".
Por ello,
el fiscal reconoció que además de una "vulneración de derechos
fundamentales", había también "consentimiento" del comportamiento del
experto durante años sin detectar una actitud o acción sancionable.
Asimismo,
la jueza recuerda en la sentencia que "un contrato de trabajo no
implica la privación para el trabajador de los derechos que la
Constitución le reconoce como ciudadano".
Además, hace hincapié en que
"la libertad de empresa no legitima que los trabajadores deban soportar
limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades
públicas".
El hidrogeólogo señala que es su
"obligación" dar su opinión sobre estos temas. "Es fundamental que los
trabajadores de la administración pública tengamos la garantía y la
protección de poder contar libremente nuestra opinión", enfatiza y
denuncia el experto, quien considera que debería haber una ley
específica que incentive a los funcionarios a exponer sus ideas
públicamente "sin miedo a represalias".
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