MURCIA.-El Tribunal de Cuentas recoge una serie
de recomendaciones a la Comunidad Autónoma entre las que destaca la
necesidad de que el Gobierno regional «dé cumplimiento a los principios
de estabilidad financiera, sostenibilidad de las finanzas regionales o
la transparencia de las cuentas públicas».
Así
se desprende del informe anual de fiscalización de la Comunidad de
Murcia del ejercicio 2016 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas
el pasado mes de diciembre.
El
dictamen considera necesario abordar una reforma y actualización del
marco normativo de la Administración regional en materia económica y
presupuestaria.
En dicha
reforma, apunta, «se deberían incluir aspectos tales como la integración
dentro de la Cuenta General de la Comunidad de todas las cuentas de las
entidades que forman parte de su sector público y el desarrollo de unos
criterios acordes por el que se aprueban las normas para la formulación
de cuentas anuales del sector público, el establecimiento de
procedimientos para convalidar gastos no registrados generados en
ejercicios anteriores o la determinación de techos o límites de gasto
público».
Asimismo, reitera al
Gobierno murciano que en su memoria anual recoja información sobre la
significación de los compromisos financieros asumidos para financiar las
infraestructuras de carácter público y de su efecto sobre el
endeudamiento actual y futuro.
Considera,
igualmente, que deben adoptarse las medidas oportunas que permitan que
determinadas empresas y fundaciones autonómicas «superen las salvedades
que se exponen en los informes de auditoría de sus cuentas anuales».
Es
necesario también, según el Tribunal de Cuentas, «establecer un mayor
control de la actividad económica desarrollada por el sector empresarial
y fundacional dirigido a la realización y cumplimiento del equilibrio
presupuestario y la sostenibilidad financiera de la prestación de los
servicios».
A través de una
serie de medidas, como «resolver la insuficiente elaboración de planes
plurianuales, estableciendo la necesidad de prever, analizar y efectuar
su seguimiento, así como analizar las repercusiones y efectos económicos
a medio y largo plazo de los programas de gastos e ingresos».
Además
de «introducir mayores mecanismos de control en la elaboración,
aprobación y ejecución de los presupuestos administrativos y los
programas de actuación, inversión y financiación de las empresas
públicas regionales, así como de los planes de actuación y los estados
de liquidación presupuestaria de las fundaciones autonómicas; y fomentar
la capacidad de sociedades mercantiles y entidades públicas
empresariales».
En
materia de gestión de las subvenciones públicas reitera el Tribunal que
para mejorar el control interno «se debe potenciar la definición de
indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos, la adopción
de medidas correctoras en la desviación de la ejecución y la
justificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios de la
finalidad pública a que se destinan los recursos recibidos»
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