MADRID.- El expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV
José Luis Bayo ha entregado hoy en el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) 10.000 firmas para reclamar la libertad del expresident de la
Generalitat Eduardo Zaplana, y ha avanzado que estudian presentar una
querella contra la jueza que le mantiene en prisión.
En
declaraciones a los medios en la puerta del CGPJ, Bayo ha avanzado que
se está valorando la posibilidad de interponer una querella por
prevaricación contra la jueza de Instrucción que investiga la causa por
la que se mantiene preso a Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, por
encontrarse en "riesgo de perder la vida".
Ha
explicado que la posibilidad de querellarse contra la jueza que
investiga la causa de Zaplana es una propuesta que les ha trasladado el
exdiputado y exsenador del PP Jaime Ignacio del Burgo, y que ahora se
"está tomando en consideración".
Bayo ha
subrayado que se continuará con la recogida de firmas y con otras
acciones para reclamar la libertad del exministro y la adopción de
"otras medidas cautelares menos gravosas y menos denigrantes".
Aunque
ha insistido en que se "respetará y se acatará" lo que decida la
justicia, ha pedido que el Poder Judicial tenga "caridad cristiana,
humanidad y un atisbo de sensatez" a la hora de decidir sobre este caso:
"Estoy pidiendo libertad por cuestiones humanitarias", ha reiterado
Bayo.
Por otro lado, ha criticado que el
ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya "modificado los
protocolos de doce presos de ETA" permitiendo su acercamiento al País
Vasco pero sitúe a Zaplana como "el responsable del Armagedon".
En
el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó a Zaplana de
los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la
contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita
para delinquir y grupo criminal.
Ayer mismo,
fuentes de la investigación avanzaron que la Fiscalía Anticorrupción no
modificará su posición respecto a la prisión provisional para Zaplana al
menos hasta concluir las diligencias de investigación que está
desarrollando.
En
el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia
investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones
derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos
(ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la
Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en
marcha en 2003.
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