MADRID.- El
portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido hoy al
Gobierno la anulación del decreto ley de 1957 que permite a los
benedictinos la gestión del Valle de los Caídos, dado que, según ha
dicho, fue firmado "por un Gobierno ilegal" y "están incumpliendo los
fines" para los que se les concedió.
En
un comunicado difundido hoy, Mulet reprocha al Gobierno de Pedro
Sánchez que esté utilizando el tema de la exhumación de Franco del Valle
de los Caídos como "una cortina de humo" en lugar de adoptar soluciones
inmediatas.
La
coalición valenciana recuerda que el Decreto Ley de 23 de agosto de
1957 creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y
atribuyó la titularidad y administración del lugar a esa fundación, cuyo
patronato y representación correspondían al jefe del Estado.
Los
fines fundacionales eran "rogar a Dios por las almas" de "todos los
caídos" y por España, así como "laborar por el conocimiento e
implantación de la paz entre los hombres", sobre la base de la doctrina
social católica.
Esas
tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a
través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre
la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, a petición del Estado.
Mulet
considera que ese convenio atenta contra la ley del 2007 de Memoria
Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del
franquismo, y por otro lado subraya que la Fundación no se ajusta a la
actual legislación en cuanto a fundaciones.
Según
la legislación actual, dice Mulet, "las funciones de patronato y
representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene todo el amparo
normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos".
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