MADRID.- Once directores de prisiones, entre ellos el de Campos del Río, han remitido a sus correspondientes fiscalías provinciales un escrito en el que solicitan que se investigue si detrás de las bajas médicas presentadas por un buen número de funcionarios existe una huelga encubierta organizada. Piden, además, que se aclare si la misma es constitutiva o no de delito.
Fuentes penitenciarias informaron que
desde la Secretaría General se ha enviado un escrito a los centros
penitenciarios para que, a su vez, se remitieran ayer a las fiscalías
provinciales. Dicho escrito explica que desde el pasado viernes «se ha
constatado una inusual ausencia de personal funcionario» en turnos de
mañana, tarde y noche, lo que ha generado «problemas muy graves de
funcionamiento» en los servicios que se prestan en las prisiones.
Las
cárceles afectadas han tenido que reordenar sus servicios interiores y
han doblado turnos de determinados efectivos, según reglamento, por lo
que serán compensados con días y retribuciones.
Según Prisiones, en
algunos casos esa huelga encubierta ha obligado a suspender las
comunicaciones de los internos y en otros los directores han tenido que
suspender las vacaciones hasta que se regularice la situación. Las
fuentes precisaron que, gracias a los que han seguido trabajando, no ha
habido que lamentar incidentes graves en el interior de las prisiones.
Hasta ahora, las cárceles que se han dirigido a las fiscalías son las
de Puerto I y Puerto III (Cádiz); Albolote (Granada); Picassent
(Valencia), Alicante I y Alicante II; Murcia II; A Lama (Pontevedra);
Dueñas (Palencia); Daroca y Zuera (Zaragoza). Además de adjuntar la
relación de funcionarios que, alegando razones de salud, no han acudido a
trabajar, las cárceles remiten a la Fiscalía también un comunicado.
Este fue firmado por los sindicatos y fechado el 29 de noviembre y en él
se anunció la celebración en diciembre de «una semana de la salud» para
denunciar sus condiciones sociolaborales.
Prisiones entiende que
este comunicado y las bajas por enfermedad puedan estar relacionadas y,
por tanto, constituir un delito de abandono de destino contemplado en el
artículo 409 del Código Penal que pide investigar cada prisión a la
Fiscalía.
En él podrían haber incurrido tanto los responsables
sindicales como los funcionarios. En el escrito, las once cárceles
comunican a la Fiscalía que las delegaciones del Gobierno están al
corriente de los hechos y junto con ellas se han emprendido actuaciones.
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