MURCIA.- Ecologistas en Acción se ha dirigido a
la Consejería de Presidencia rechazando el denominando proyecto de Ley
de Aceleración Empresarial, por suponer un paso más en la grave
desregulación medioambiental que desde hace unos años viene
produciéndose en nuestra región.
Dicho proyecto, apoyado por Ciudadanos,
consta de 90 artículos y establece modificaciones sustantivas de
carácter medioambiental, urbanístico, e industrial con el objetivo de
eliminar salvaguardas ambientales y administrativas en la aprobación de
proyectos empresariales.
"El proyecto de Ley de
Aceleración Empresarial (podríamos definirla como Ley de Aceleración de
la Arbitrariedad), intenta confundir de una manera burda, llamando
además aceleración lo que es simple desregularización ambiental, que
deja el Medio Ambiente regional más desprotegido ante la presión del
beneficio empresarial. Se establece, entre otras cosas, una reducción de
plazos para la concesión de las autorizaciones ambientales en el marco
autonómico. El proceso y el plazo para la obtención de la Autorización
Ambiental Integrada (AAI) se reduce un mes (pasa de diez a nueve meses) y
las autorizaciones ambientales sectoriales se reducen tres meses (pasa
de seis a tres meses)".
"Este hecho supondrá además
una mayor carga de trabajo en la ya reducida plantilla de trabajadores
de los organismos de control ambiental, fundamentalmente la Dirección
General de Medio Natural, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar
Menor y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera,
que tendrán que resolver expedientes, de por si complejos, en menos
tiempo aumentando la posibilidad de error y/u omisión en los
procedimientos y autorizaciones ambientales", añade en un comunicado.
"El
gobierno de López Miras, esta vez apoyado por Ciudadanos, en lugar de
gobernar para todos los murcianos y murcianas, escribe esta ley al
dictado de la patronal y se comporta como un siervo arrodillado de la
CROEM, a la cual no la ha votado nadie para gobernar la región.
Significará, en la práctica, que muchas empresas podrán soslayar los
procesos y principios precautorios de muchas normativas de control y
vigilancia medioambiental. Además, esta actitud implica premiar a
empresarios que acostumbran a sortear las normativas frente a aquellos
emprendedores que cumplen la legislación y salvaguardas
medioambientales", prosigue.
"Significará también, en la
práctica, regularizar actividades ya existentes con una política de
hechos consumados, que sería imposible de legalizar de otra manera. Es
un instrumento para quienes se han saltado, normativas, mecanismos
precautorios ambientales y procesos regulados con arreglo a las
normativas ambientales. Todo ello se encuadra en el concepto profundo
que tiene el gobierno regional de que el medio ambiente es una barrera
al desarrollo, una piedra en el zapato, en lugar de un espacio de
oportunidad para un desarrollo sostenible, respetuoso con nuestro
patrimonio y valores medio ambientales, de los que dependemos", va finalizando.
"Las
normativas de protección del Medio Ambiente no solamente protegen el
medio natural y las especies silvestres, también la salud pública y la
calidad de vida de la gente. El Gobierno regional lleva años reduciendo a
la mínima expresión el presupuesto y el personal funcionario dedicado a
las funciones medioambientales, cuando debería ser al contrario, puesto
que nos enfrentamos a una crisis ambiental que afectará a nuestro
futuro y el de las próximas generaciones", concluye.
Por todo
ello, Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno regional la retirada
del proyecto de ley de aceleración empresarial de la Asamblea Regional, y
que de un giro de 180 grados en sus políticas ambientales para
preservar realmente nuestro patrimonio natural, mediante un desarrollo
sostenible que preserve nuestros recursos actuales.
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