Hace tiempo que el Gobierno de España debió haber denunciado a
Bélgica como país de asilo de delincuentes (hasta de terroristas, como
ocurrió con un miembro de ETA) y ahí incluido golpistas como el prófugo
Puigdemont. El que violó descaradamente, la legislación española y
catalana y el orden constitucional.
Un Puigdemontal que el país belga ha acogido como si de un exiliado
de la política se tratara. Incluso semejante personaje ha presentado en
Bélgica una demanda contra el juez Llarena del Tribunal Supremo español
en la que se afirma que ‘España es un Estado delincuente’.
Ante estos hechos que inhabilitan a Bélgica y a su sistema judicial
como el país que aloje a las primeras instituciones de la UE, el
Gobierno de España no se moviliza y no quiere asumir la defensa de
Llarena y de España.
Y a la vez Sánchez , mira hacia otro lado cuando empiezan a
producirse casos de violencia en Cataluña por la invasión de lazos
amarillos que los soberanistas despliegan en espacios públicos y las
instituciones, mientras los Mossos acosan a quienes retiran los lazos y
ya se ha producido una agresión física a una mujer que retiraba estos
lazos con los que se ataca la convivencia y la vida democrática.
Sánchez huye de la tensión catalana mientras Torra calienta el
ambiente en pos de un enfrentamiento civil, al tiempo que mantiene
cerrado el Parlament y que, para celebrar sus primeros 100 días en la
Generalitat, se traslada a Bélgica a recibir instrucciones de un
Puigdemont que quiere ver a Sánchez con el deseo de que el presidente
español le haga una nueva propuesta para Cataluña.
Y mientras tanto nos acercamos a otras jornadas de alta tensión como
serán la Diada del 11 de septiembre y al primer aniversario del
referéndum del 1-O, en las que se espera el renacer del movimiento
soberanista.
Hace unos meses dijimos que el juez Llarena y España debieron de
aceptar que Alemania extraditara a Puigdemont a España aunque sólo fuera
por el delito de malversación, lo que le habría dejado en la cárcel al
menos por 10 años, cerrando de paso el frente internacional catalán.
Pero esto no se hizo y seguimos enredados en la espiral catalana
donde nos tememos que Sánchez a través del PSC mantiene negociaciones
secretas con el PDeCAT y ERC, para reducir a través de una propuesta de
la fiscalía del Estado el nivel de las acusaciones y delitos que se les
imputan a los hoy procesados por el golpe de Estado catalán, cuyos
juicios se abrirán durante el otoño.
Pero Sánchez no tiene prisa porque antes necesita aprobar el decreto
sobre el traslado de los restos de Franco, el techo de gasto de 2019 y
toda una serie de propuestas económicas y sociales. Y para todo ello es
fundamental que cuente con el voto de nacionalistas vascos y catalanes
en el Congreso de los Diputados.
Por ello Sánchez huye de la tensión catalana que denuncian C's y el PP
porque él necesita ganar tiempo y cumplir sus promesas progresistas de
la mano de Podemos antes de entrar de lleno en el curso electoral de
2019. El problema que puede tener Sánchez está en que en Cataluña
aumenten los casos de enfrentamiento civil. Y si eso ocurre entonces el
delicado castillo de naipes del Presidente Sánchez se podrá caer.
Pero mientras tanto el jefe del Gobierno español continúa disfrutando
del poder y con solo 84 diputados impone su ritmo de crucero
convencido, cuál experto funambulista, de que con sus pactos con
nacionalistas y Podemos, llegara a las elecciones generales de 2020 y
entonces renovará el poder.
(*) Periodista
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