El sábado el gobierno se reunió en consejo de ministros desenfadado, campestre, en Los Quintos de Mora para
preparar lo que el articulista, fiel a la costumbre, llama "el otoño
caliente" cuyo primer flambeado es la "crisis catalana".
Digresión: ¡Ah,
qué tiempos! Se recordará cuando, hace ocho o diez años, algunos
avisábamos de que la "crisis catalana" acabaría siendo el problema más
grave del Estado español, que pondría en riesgo su supervivencia. No
como régimen político, sino como Estado. Las respuestas solían ser una
mezcla de indignación con insultos y mucha bravata. "Antes se romperá Cataluña que España"
decía, muy ufano, el insensato de Aznar. Ahora está claro que la
"crisis catalana" es, en realidad, la "crisis española". La sempiterna
crisis española, ya sin comillas. Y la protagonista, la que determina el
rumbo de la política española, es Catalunya.
A
extremos inimaginables hace días. El independentismo catalán, sometido a
una persecución implacable en lo político, lo judicial, lo mediático y
hasta lo delictivo/demagógico, sigue llevando la iniciativa tanto
interna como externa frente al Estado español al que Puigdemont califica
en su demanda al juez Llarena de Estado delincuente.
El rey está desnudo y España no es un Estado de derecho. Hace poco los
políticos unionistas calificaban a Puigdemont de "prófugo". Un "prófugo"
al que reciben por doquier en público, invitan a programas de medios en
el exterior, da cuenta de sus actos, actúa con la legitimidad que la da
la mayoría parlamentaria catalana, y hace propuestas políticas no es un
prófugo en absoluto.
Queda
por ver si el Estado, en cambio, es delincuente. Ante el amparo del
Consejo General del Poder Judicial (VGJ) concedido fuera de plazo al
juez Llarena, el gobierno adoptó una actitud prudente, haciéndose cargo
de la defensa del juez en sus funciones estrictamente jurisdiccionales,
pero no en las privadas. Parece lo razonable, pero se le ha echado
encima el establecimiento judicial y fiscal en bloque pidiendo el amparo
sin condiciones porque está en juego, dicen, la independencia de la
justicia española.
Sí, esa por cuya ausencia la tal justicia española
ocupa uno de los últimos puestos en la clasificación de la Comisión
europea. Esgrimiendo un convenio de 2010 y varios sofismas, los jueces y
fiscales han obligado al gobierno a cambiar su actitud, garantizando la
defensa completa del juez Llarena en todas sus manifestaciones.
Al
margen de la cuestión de si este criterio puede defenderse
razonablemente -convenio o no convenio- está claro que el gobierno ha
cedido y, donde aplicaba doctrina de Estado de derecho, aplica ahora
"doctrina de la Legión": A la voz de “A mí la Legión”, sea donde sea, acudirán todos, y con razón o sin ella defenderán al legionario que pide auxilio. Será muy heroico, pero es delictivo.
El presidente Puigdemont pide a Sánchez una "propuesta concreta para Catalunya". ¿Una propuesta concreta? El gobierno socialista repite que hará una política,
con lo que quiere marcar distancias con la famosa judicialización de
los anteriores genios. La distancia está; lo que no está es la
propuesta. No se sabe qué quiere decir "propuesta política",
fuera de unos brumosos conceptos manejados al comienzo acerca de un
referéndum futuro sobre una propuesta que tuviera el ochenta por ciento
de apoyo. Nada menos.
La
reunión de Los Quintos de Mora no parece haber parido idea alguna nueva
para Cataluña. Sánchez ha hablado mucho de su "proyecto para España",
que define como más justo y solidario, igualitario y feminista.
¿Quién va a negarse a tales deseos? Pero de Catalunya, nada que no sea
la "normalidad" solo existente en su imaginación. No es normal que se le
pida una propuesta concreta para Catalunya y carezca de ella. Y eso,
mientras hay presos y exiliadas políticas.
Así que, con ánimo
constructivo, Palinuro recomienda al gobierno que, si no se le ocurre
nada para mejorar la situación, al menos no la empeore tolerando el
avance del fascismo en las calles de Catalunya, claramente fomentado
desde C's y organizaciones afines. No puede ser que se utilice la
falsedad para criminalizar el independentismo y hasta un ministro del
gobierno dé pábulo a esas mentiras que tratan de provocar.
Hoy se reúnen en Waterloo los dos presidentes de la Generalitat en el interior y el exterior para coordinar las acciones de la rentrée.
Toda la atención pública está puesta en los preparativos de la próxima
Diada. No cabe duda de que será la piedra de toque de lo que sucederá
después en el primer aniversario del 1-O, cuando los catalanes ganaron
el derecho a un Estado propio.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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