La España oficial no quiere admitirlo
porque su propaganda asimila la reunión de hoy a las usuales bilaterales
del gobierno con las CCAA. Normalidad institucional. Diálogo.
Normalidad a secas. ¿Cómo? ¿Que hay aquí una cuestión de Estado? Pero,
hombre, por Dios, que ha cambiado el gobierno.
Así
es. Los titulares de prensa cantan sesgo gubernamental. El gobierno y
todo el mundo damos por hecho que nadie vulnerará la ley. Se llama
principio de legalidad y presunción de inocencia. Señalar en concreto a Torra lleva implícita una presunción de culpabilidad.
Nadie
vulnerará la ley porque nadie quiere vulnerar la ley. Luego vienen los
actos de cada cual, al dictado de su conciencia y es entonces cuando se
discute si se ha vulnerado o no la ley, qué ley, cómo, quién lo dice,
que hace, etc.
Muestra de sesgo gubernamental trae también Público que titula: Sánchez y Torra se reúnen con el referéndum imposible sobre la mesa. Un
título como "mesas separadas". Porque ¿quién ha dicho al diario que el
referéndum sea "imposible"? Obviamente, Sánchez, pues Torra va a
pedirlo. Desde luego, la rotunda negativa de Sánchez puede hacer
imposible el referéndum; pero eso no quiere decir que el referéndum en
sí lo sea, cual se desprende del titular. Quiere decir que el periódico
ve el mundo con los ojos de uno de los dos poderes asimétricos.
Los medios afirman también que el encuentro de hoy se da en un clima de distensión,
propiciado por el gobierno. Pasa por tal el acercamiento de los presos
políticos y la continua jaculatoria dialoguista de Sánchez y su equipo
que no se concreta en nada. La distensión es un simple ejercicio de
ficción perfectamente retratada en la imagen. Mientras el rey mira como
si le interesaran los juegos olímpicos, Sánchez, quien afirma que en
España no hay presos políticos, explica algo a Torra, quien luce en la
solapa el lazo amarillo reclamando la libertad de los presos políticos
que según Sánchez no existen. En España no hay presos políticos porque
así lo decide quien manda y no existe derecho de autodeterminación
porque así lo decide el mismo.
Para
paliar la doble negación a las dos cuestiones aquí fundamentales,
presas políticas y derecho de autodeterminación, el gobierno ofrece lo
que llama diálogo político, esto es, negociaciones sobre
políticas públicas en materia de transferencias, competencias,
financiación, etc. Y quizá también saque del baúl de los recuerdos una
confusa oferta de reforma constitucional para encaminar el país hacia un
futuro federal que apenas puede distinguirse de un Estado autonómico.
A
su vez, la Generalitat lleva también dos grupos de asuntos. Uno, el de
las políticas públicas, que resucita los famosos 45 puntos de Puigdemont
ante Rajoy. Política práctica que, al parecer, encarrilan Meritxell
Batet y Elsa Artadi. El segundo grupo es el punto 46 de las
reclamaciones de Puigdemont, el referéndum pactado. A él se ha añadido
la cuestión de la liberación de los presos y exiliadas; su exoneración.
Las dos son condiciones del independentismo, de todo el independentismo,
y no es previsible que causen mella las esperanzas en el famoso seny autonomista.
No es posible considerar normal una situación en la que los dirigentes
independentistas están injustamente encarcelados. Y menos aun si, lejos
de mitigarse, la represión judicial se incrementara ahora y el juez
Llarena impusiera una doble fianza a los procesados en función de sus
muy cuestionables cálculos y más cuestionables criterios morales y
jurídicos.
Presos
políticos y derecho de autodeterminación. Por cierto, no ha lugar a
retrotraer otra vez el debate sobre la cuestión de la autodeterminación a
las balbuceantes polémicas del principio solo porque haya cambiado el
gobierno. Si la portavoz Celáa no se ha enterado aun de que los
referéndums de autodeterminación de Quebec y Escocia hacen añicos la
doctrina de la inaplicabilidad de ese derecho que reflexione un poco
sobre la materia. El referéndum de autodeterminación pactado es
inevitable. Ya ha habido cuatro no pactados de hecho y volverá a haber
otro si no se pacta antes.
Se
entiende la negativa del gobierno a hablar de la cuestión. Al margen de
las fábulas de la Constitución y el derecho internacional y las
colonias, la pura verdad es que no tiene alternativa alguna que ofrecer a
la independencia de Catalunya porque presentarse a un referéndum
pidiendo el "no" sin más a la otra parte es perderlo seguro.
Por
eso no quiere un referéndum de autonomía pactado. Porque lo pierde.
Pero, como aun así, será inevitable, ¿por qué el nacionalismo español no
hace una oferta constructiva que pudiera presentar a consideración de
la ciudadanía catalana? Es una idea. Por ejemplo, frente a la opción de
"Estado independiente en forma de República", el Estado, el nacionalismo
español podría proponer una opción de Estado libre, que
actualmente tienen Baviera, Sajonia y Turingia en Alemania y podría
hacerse también accesible al País Vasco, que ya presentó el Plan
Ibarretxe, en el que se mencionaba un Estado Libre Asociado, como
Puerto Rico. En el caso europeo la verdad es que el título es puramente
nominal y es dudoso que tanto los indepes catalanes como lo
nacionalistas vascos se conformen con una diferenciación puramente
terminológica. El Estado tendría que negociar competencias delicadas.
Pero,
en fin, sería una oferta para desencallar una situación que no tiene
más salida que el referéndum pactado y vinculante. La cuestión origen de
esta batalla que, si se hubiera aceptado hace diez años habría supuesto
una derrota del independentismo y, en cambio, ahora promete ser su
victoria.
Salvo
que el Estado consiga articular una oferta más satisfactoria que la
independencia y salga ganadora en un referéndum catalán entre ambas,
pactado y vinculante. Cualquier otra vía es seguir con marrullerías.
Resulta ridículo que sea doctrina oficial del gobierno la mentira de que
el "no" a la independencia es mayoritario en Catalunya porque suma al
"no" explícito los dudosos, nulos y hasta las abstenciones, mientras que
los "síes" son solo los síes pelados. Y, más que ridículo, frisa ya en
lo grotesco que ese mismo gobierno se niegue a aclarar la cuestión de
una vez por todas con un referéndum pactado.
Ya
se sabe que tal referéndum, además, incrementaría la presión popular en
España para celebrar otro en Monarquía y República. Sería interesante
ver cuál ganaría porque no está claro.
El País vuelve al periodismo interpretativo, si no directamente fantástico. Da por sentada una "distensión con Madrid" que solo existe en la colectiva cabeza de su redacción. Y ese ente de razón abre "fisuras en el independentismo". El País lleva
años abriendo fisuras en el independentismo; años tratando de sembrar
la desunión en el bloque independentista. Con los flacos resultados que
se ven.
En
el fondo, esa división entre "inmovilistas y pragmáticos" (tan
inventada como la de la distensión) pretende introducir la consabida
fisura entre la dirección política del movimiento y su base popular. Un
llamamiento a un hipotético sector más autonomista del movimiento
para que, obtenidas algunas ventajas cuantificables, se separe de aquel
y, por fin, se rompa la temible unidad. Es el recurso a la puta y la
Ramoneta que tanto se denigra en el independentismo. Los estrategas del
gobierno central siguen yendo muy por detrás de los hechos y sin
comprenderlos.
No hay sectores autonomistas en
el bloque indepe. Están en otros partidos. El independentismo se
proclama "transversal" lo que, en román paladino, quiere decir que los
burgueses se han hecho independentistas también y un apreciable sector
del establishment cultural, empresarial, eclesiástico, etc. ERC ha sido
siempre republicana e independentista y la CUP nació como un
independentismo revolucionario y radicalmente democrático. Transversal
quiere decir transversal. Todas las clases y todos los sectores.
Pero
lo que mantiene esta unidad es la presión popular. Eso es lo que los
gobiernos españoles no comprenden y se niegan a ver la revolución
catalana como una cuestión política. El PSOE en la oposición reprochaba
al PP haber judicializado el asunto y proponía un enfoque político. Una vez en el poder ha seguido la vía judicial y llama enfoque político a
una negociación de carácter administrativo de políticas públicas, sin
afectar el marco general de legalidad/legitimidad del sistema, o sea, lo
que el independentismo cuestiona.
Sin
embargo los más de dos millones de ciudadanos que votaron bajo las
porras el 1-O de 2017 y volvieron a hacerlo en las elecciones impuestas
el 21 de diciembre del mismo año quieren seguir adelante con lo que
votaron. Quieren implementar la independencia en forma de República. El
presidente Torra tiene ese mandato y a cumplirlo va a Madrid mañana. De
no conseguirse nada el gobierno está sobre aviso de que se seguirá
adelante con la Declaración de Independencia del 9N de 2015 y la
actualización de la legislación.
Tan
sobre aviso está que ya tiene preparado el recurso de
inconstitucionalidad pertinente. Lo mismo que hizo en parecida
circunstancia el PP. Seguro que obtiene el mismo resultado: el Tribunal
Constitucional anulará por unanimidad la resolución del Parlament
resucitando el 9N de 2015. Un bucle. De seguir las cosas así, el actual
govern puede ir a hacer compañía al anterior. Es obvio que esta no es la
solución.
En un arranque de realismo, El País reconoce que los dos puntales del independentismo son los presos políticos (él los llama políticos presos,
vamos, como Zaplana) y el peso de la Generalitat. Pero no sabe
interpretarlo. Tanto el factor simbólico, pero muy real, de los presos
políticos, como el muy real pero también muy simbólico de la
Generalitat, dependen de la movilización social a través de la
desobediencia pacífica. Una sociedad movilizada que se ve agredida día a
día por bandas fascistas contra las que las instituciones españolas
apenas actúan con el poco disimulado deseo de que haya violencia en
Catalunya que justifique una intervención gubernativa. Es una revolución
democrática de nuevo tipo que no se puede detener con los
procedimientos al uso del poder.
La
prueba será el resultado de la entrevista de mañana: ambos gobiernos
acordarán seguir trabajando en las tarea administrativas de la parva
política y la Generalitat continuará implementando sus planes
republicanos e independentistas por su cuenta. En qué momento esos dos
polos, gobierno central y govern volverán a chocar, dependerá del
alcance y profundidad de las medidas del govern y la correlación de las
fuerzas políticas del resto del Estado. Ese nuevo choque volverá a
poner en cuestión la crisis constitucional que vive España y no se
alcanza otra solución que el reiteradamente pedido referéndum pactado de
autodeterminación.
La escenificación de la cuerda de presos
aún no ha terminado. Quedan tres, Forn, Rull y Turull, que serán
trasladados el próximo miércoles en la conducción de presos al Noreste,
cuya escala de distribución es Zaragoza. Aquí hacen todos parada y fonda
y de aquí se distribuyen a distintos destinos, unos a Soria o más al
interior, otros por Aragón y otros siguen camino a Barcelona. La escala
cabe la Virgen del Pilar, matrona de España, como Santiago es su patrón,
no es una sutil forma de humillación a los presos separatistas, sino un
protocolo administrativo penitenciario. Bastante humillación e
injusticia es que estén presas gentes inocentes por maniobras políticas
insostenibles.
Con
el acercamiento de los presos políticos, Sánchez se aplicaba la
sabiduría de Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito
Livio en elegantísima traducción de Ana Martínez Arancón: "una
república o un príncipe debe aparentar que hace liberalmente aquello a
que le obliga la necesidad". Debe aparentar, sin duda, para actuar con
la virtú maquiavélica; pero no siempre lo consigue. Ahora, por
ejemplo, no. El traslado de los presos era un deber de carácter
jurídico, moral. Incluso era una exigencia política pues sitúa a la
Generalitat ante una triste realidad: su autoridad es delegada y no
soberana ni originaria, ya que se ve obligada a custodiar a unos líderes
independentistas cuya liberación reclama.
Pero
a más a más, héteme aquí que estos hirsutos pictos vuelven a alzarse
actualizando la declaración de independencia del 9N de 2015, anulada a
toda prisa por el Tribunal Constitucional por unanimidad. ¿Y cuál es la
reacción del gobierno de la izquierda dialogante? Enviar el asunto ipso
facto al mismo Tribunal Constitucional para que aplique el antecedente.
Se recordarán con melancolía las reiteradas declaraciones de Pedro
Sánchez diciendo que la judicialización del procés había sido el error
del PP y lo que correspondía era entenderlo como un asunto político y
darle una solución política. Justo lo mismo que hace él en su primera
decisión: derivar el asunto a la vía judicial.
Bueno,
judicial exactamente, no. Los tres órganos que intervienen en la
impugnación de marras son políticos: el gobierno, por ser gobierno; el
Consejo de Estado por ser un conciliábulo de estantiguas; y el Tribunal
Constitucional por ser un mentidero de amigos de este gobierno y el
pasado. Con estos medios cabe declarar contrario a la Constitución el
Antiguo Testamento. Tampoco hubiera sido mejor el resultado si se
produjera una "judicialización" reala, pues los jueces españoles son
todavía peores, más parciales y esquinados que los políticos que les
dan las órdenes.
La portavoz y ministra de Educación, Celáa, justifica la impugnación aseverando que no obsta para que el gobierno continúe superdispuesto al diálogo político.
Pero partiendo del principio de que el derecho de autodeterminación no
existe porque no lo reconoce nadie en ninguna Constitución. Y menos que
nadie, añadimos nosotros para su solaz, aquellos países que se
independizaron sin esperar a que nadie les reconociera el derecho de
autodeterminación y llegaron a grandes potencias, como los Estados
Unidos. Sin despreciar las decenas de países que son hoy Estados
independientes, como la India, en ejercicio de un derecho de
autodeterminación que nadie les reconocía y menos que nadie, la
metrópoli colonial que, por supuesto, estaría de acuerdo con la ministra
Celáa en que el derecho de autodeterminación no existe.
Tiene
usted razón, ministra, a ese derecho de autodeterminación le ocurre lo
que a todo en la vida: que no existe hasta que existe. ¿Y quién lo hace
existir? La voluntad de la gente. En este caso, la voluntad de 2.060.000
votos independentistas en Cataluña, equivalentes al 47,8% del
electorado, que no es poco. Probablemente sean ya más como reacción a la
absurda actitud del nacionalismo español empeñado en sostener que el
independentismo es minoritario y el no independentismo mayoritario pero
negándose a permitir un referéndum que aclararía está cuestión de una
vez por todas.
Porque
de no reconocerse el derecho de autodeterminación y no admitirse
referéndum alguno, el carácter político del diálogo anunciado con
alharacas para el lunes consistirá exactamente ¿en qué? La ministra
Celáa no ha sabido o querido especificar los temas que tratará Sánchez
en su próxima conversación con Torra. Probablemente no hay temario
preparado, fuera de cuestiones relativas a infraestructuras,
transferencias, financiación... los 45 puntos de Puigdemont. Pero es
difícil sostener que estos asuntos sean "políticos". Al menos no en el
sentido de definir una situación de normalidad, exactamente aquello que
anhela el gobierno central y no podrá conseguir mientras haya presos
políticos y no se negocie un referéndum para ejercitar ese derecho que
no existe.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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