Es tan sencillo como esto: la política
básica del Gobierno regional depende de la voluntad del central. Se
resume en dos epígrafes: agua e infraestructuras. Durante años, los
planes del Ejecutivo autonómico del PP en ambos capítulos fueron
elaborados por cuenta propia, en el supuesto de que un Gobierno del
Estado del mismo partido acabaría apoyándolos. Una quimera demasiado
voluntariosa, a juzgar por los resultados, derivados de la continuada
falta de compromisos reales en la vertebración de las políticas
regionales y nacionales.
La
actividad expansiva de Valcárcel, desvelada a la postre como mera
propaganda sin respaldo oficial de las instancias nacionales, acabó
resultando una huida hacia adelante, sin que el Gobierno central la
avalara más allá de las medias palabras ministeriales, hasta el punto de
que cuando fue evidente que los grandes proyectos quedaban
empantanados, el hiperlíder regional se pidió billete para Bruselas y
dejó a sus herederos en la encrucijada.
La nueva generación que se hizo cargo del Gobierno regional quedó
obligada a mantener el continuismo de la política valcarceliana, pues
las infraestructuras iniciadas (aeropuerto sin aviones, infestado de
problemas económicos y jurídicos; AVE en zigzag, de trazado absurdo y
sin aval para el soterramiento, y trasvase capitisminuido en un
vergonzante Memorándum que en la práctica significaba una semiderogación
del trasvase del Tajo) impedían vascular hacia una política propia o
renovada, enfocada a los asuntos acuciantes de la crisis económica
regional.
Valcárcel dejó a sus
sucesores una perspectiva de gobernación enfeudada, con el cínico
añadido de que tanto él como el resto de los integrantes de la vieja
guardia se convertían en la trastienda en feroces críticos de la
actuación de sus sucesores (bastará referirse en este sentido a los
whatsapp que exhiben confidencialmente algunos receptores de mensajes
del exiliado bruselense).
Menos
mal para el PP que de manera tan fulgurante como inesperada, ha
cambiado el signo del Gobierno nacional. A partir de ahora, una vez que
las siestas de Rajoy se han trasladado desde la Moncloa a un apartamento
de Santa Pola, corresponderá al Gobierno socialista atender a supuestos
compromisos que Valcárcel había establecido con el Gobierno de los
suyos sin que se desprendiera más resultado visible que su propio
pasaporte hacia la dorada jubilación de diputado europeo, la puerta
giratoria más cool para los políticos agotados, ese consentido y
biempagado cementerio de elefantes para aquellos que no han procurado
innecesarias molestias a los mandarines de la gobernación central.
La
herencia de Valcárcel, que desdibujaba las posibilidades de iniciativa
política propia del Gobierno regional, obligado a sustentarla, ha sido
trasladada al nuevo Gobierno socialista, pues, como se ha dicho, las
decisiones clave son dependientes de la Administración central.
Y ocurre
que tanto Diego Conesa, secretario regional del PSOE, en su función
inmediata de delegado del Gobierno, como Pedro Saura, nuevo secretario
de Estado de Infraestructuras, se han convertido de la noche a la mañana
en intérpretes de esas políticas largamente pendientes de ejecución por
el Gobierno del somnoliento Rajoy.
La
paradoja es que el Gobierno socialista, con agentes ejecutivos ligados a
esta tierra, tendrá que considerar ahora si se hace responsable de una
política incierta, manejada a duras penas desde San Esteban, pero con el
apoyo de las fuerzas referenciales del empresariado murciano, o si se
atreverá a reelaborar el diseño establecido de acuerdo a otras demandas
sociales.
Ya hay quienes han
mandado algún mensaje a los socialistas respecto a a la cuestión AVE con
el pretexto de que la encuesta del Cemop, publicada esta semana,
desconsidera como asunto prioritario la demanda de los vecinos de la
zona Sur de Murcia que vienen exigiendo que la llegada de la alta
velocidad ferroviaria no se produzca antes de que concluyan las obras
del soterramiento.
De manera
implícita se está dictando al Gobierno socialista que mantenga
íntegramente la política de Rajoy, para lo que no sobrarán argumentos:
ha de atender a unos presupuestos establecidos, hay un supuesto consenso
social en la superestructura de la sociedad civil (aunque de ésta se
excluya a los vecinos afectados por las obras, y a las fuerzas políticas
que los apoyan) y se esgrime un impreciso calendario de actuaciones que
debiera resultar inamovible, y esto a pesar de que no ha existido
calendario más móvil que el de las promesas siempre aplazadas del
Gobierno del PP.
Los
socialistas, en lo que se refiere a la política murciana, pueden
considerar la oportunidad de concluir, si fuera posible, los anunciados
proyectos del PP según los esquemas establecidos por éste o bien
preservarse de lo que podría resultar una trampa a medio plazo para sus
intereses electorales, que consistiría en asumir esa política con los
mismos riesgos que ya sufría el PP murciano, acaparando la protesta
social y liberando de esa forma al Gobierno regional de los compromisos
forzados por la herencia de los calamitosos gestores anteriores, ahora
tan ajenos s sus compromisos como compensados con sustanciosas
jubilaciones. En definitiva: ¿ha venido el PSOE a resolver los problemas
con nuevas fórmulas o a encargarse de ellos compartiendo la ya
constatada impotencia del PP?
El
imaginario político de los socialistas parece conducirlos a intentar
cortar el paso a la hegemonía incipiente que Ciudadanos prefigura en las
últimas encuestas. Para esto se vería obligado a dar señales de
eficiencia política en aspectos presuntamente consensuados en la
sociedad murciana por una insistente promoción de grandes proyectos
hasta ahora frustados a que se ve arrastrada la nueva generación de
gestores populares y cuya conclusión comparte Ciudadanos, deseoso de
sustituir al PP como referente ante la clase empresarial y sus epígonos.
La política socialista, visible ya desde la propia constitución del
Gobierno central, vendría a intentar satisfacer la solvencia de gestión
que se le reprocha al PP con el añadido de gestos progresistas que
taponen la competencia de Podemos por el otro flanco.
Por tanto, en la
gestión de las infraestructuras, al menos en lo que a la Región de
Murcia respecta, no cabe intuir una modulación que facilite el rearme
del PP y un reposicionamiento activo de Ciudadanos. Pero esta actitud
podría colocar al Gobierno de Pedro Sánchez en una situación similar de
descrédito al del saliente equipo de Rajoy, por mucho que intente
dulcificar la presencia policial en la zona afectada por el trazado del
Ave o lance propuestas de diálogo que inevitablemente concluirían en el
desarrollo del proyecto ferroviario con las mismas trazas que la
Administración popular.
En
definitiva, el PSOE expresa valentía al adquirir toda la responsabilidad
de una política en la que el PP ha fracasado. Pero la oportunidad puede
resultar una trampa. Pronto lo sabremos, chiripitifláuticos.
(*) Columnista
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/06/17/oportunidad-o-trampa/931287.html
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