MURCIA.- El secretario general de Podemos, y portavoz del Grupo en la Asamblea
Regional, Óscar Urralburu, ha manifestado que detrás del futuro
Proyecto de Ley de Aceleración económica que presentará el PP, con la
alianza de C's, "se esconde un paso más en su intención de destruir los
todos los controles medioambientales que quedan en nuestra legislación y
"nos preocupan las consecuencias irreversibles que esto tendrá sobre
nuestro entorno y las generaciones futuras, ya que el medioambiente se
va a quedar en manos de quienes quieren explotarlo".
Así Urralburu ha puesto como síntoma de estos intereses el hecho de
que el propio Fernando López Miras, dejase claros sus objetivos cuando
calificó de "desgracia" el cumplimiento de la normativa ambiental y ha
añadido que "esta legislatura ha tenido suficientes catástrofes
medioambientales para una década y queremos que el desastre del Mar
Menor no se siga repitiendo y se convierta en un precedente para el
patrimonio natural que es de todos los que habitamos esta".
Por su parte la diputada regional, María Giménez, ha afirmado que "no
podemos permitir que se habiliten instrumentos de planificación que lo
único que hacen es crear inseguridad jurídica y permiten el expolio de
nuestra naturaleza, contaminado y devorando nuestro entorno sin límites
ni objeciones legales".
Así, ha indicado Giménez que "con este nuevo acuerdo y el próximo
trámite en la Asamblea Regional vemos como el medio ambiente en la
Región agoniza en manos del PP" y como el gobierno "sigue sin aplicar
la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor y esperamos otro verano
desastroso en cuanto a turismo. Desde luego la noticia de las banderas
azules no ayuda"
Finalmente ha añadido que "la solución vendrá ayudando a las empresas
a ofrecer sus bienes y servicios de una forma sostenible y consciente
con el entorno y no saltarse la Ley, si no aplicarla, lo cual otorgará
seguridad jurídica en lugar de incertidumbre".
En este sentido, el responsable del área de medioambiente de Podemos
Región de Murcia, Ginés Ruiz, ha explicado que el borrador, de una Ley
de Aceleración o de Simplificación Administrativa "denota un primer
problema la falta de transparencia en la elaboración; y aún más si
después se lleva a la Asamblea como Propuesta de Ley de un Grupo
Parlamentario para así evitar los preceptivos informes de órganos
consultivos, como el del Consejo Regional de la Transparencia".
Ruiz ha subrayado que se van a "regularizar" entre 20 y 30.000
empresas que hoy día están funcionando sin tener las licencias
necesarias, fundamentalmente la licencias de actividad", además de que
existe una voluntad clara de derivar competencias ambientales a
organismos que se rigen por normas de derecho privado, como es el INFO.
Por lo que en definitiva "se genera una inseguridad jurídica total,
con medidas cuya legalidad es más que dudosa, y que en nada ayudan a
crear ese pretendido espacio de mayor actividad empresarial, por lo que
el Gobierno regional del PP, lejos de venir a solucionar un problema, lo
que hace es crear otros aún mayores".
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