MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos de toda
España, la mayoría de ellos de Andalucía (201), Comunidad Valenciana y
Cataluña, recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus
planes de ajuste en el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del
cierre del año pasado y 21 en la Región de Murcia.
Según
figura en una respuesta escrita del Gobierno al diputado socialista
Miguel Ángel Heredia, se enviaron requerimientos por este incumplimiento
a 201 entidades locales andaluzas, casi un 26 % del total de las que
existen en la comunidad; 88 valencianas, y 82 catalanas.
Sin
embargo, si se atiende solo al porcentaje, son Murcia, Andalucía,
Madrid y Canarias las que cuentan con una mayor proporción de municipios
incumplidores.
Por provincias,
destaca sobre todo el incumplimiento en Valencia, con 56 de estas
entidades que han sido apercibidas por carta; Madrid, con 44, o Sevilla,
con 33.
Por
el contrario, el menor número de ayuntamientos incumplidores son, en
general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o
Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia, tienen cifras
más reducidas, de solo uno en cada caso.
Las
comunidades forales de País Vasco y Navarra no aparecen en este listado
por no ser de régimen común, ya que su financiación se realiza mediante
los sistemas singulares de concierto y convenio, respectivamente.
Los
planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten
al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales
de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y
deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Además,
el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe publicar la
información relativa a los mismos, como el mecanismo de liquidez por el
que se ha requerido el plan de ajuste, así como la fecha de aprobación
por el órgano autorizado de la corporación local.
Ante
estos datos, Heredia reprocha al Gobierno que utilice medidas
coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de
buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los
entes locales.
Para Heredia las
entidades locales tienen que pagar unos "intereses desorbitados" si se
acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les
supone "un serio problema", según ha manifestado.
En
este sentido, considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es
"nefasta" porque se resiste a considerar a los ayuntamientos "como
adultos" para que puedan invertir el superávit en generar empleo a
través de inversiones que "son mayores de edad" para decidir.
El
diputado socialista critica que a los ayuntamientos con superávit y las
cuentas saneadas no se les haya permitido gastar, y ahora se haya
aprobado un decreto ley para reinvertir ese superávit que "no basta",
por lo que es necesario seguir trabajando para solucionar la
problemática de los ayuntamientos.
El
Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de febrero una iniciativa
de Compromís en la que reclamaba una cláusula para que los
ayuntamientos puedan cancelar las operaciones de préstamo con el Fondo
de Financiación de los Pagos a Proveedores y dejar así de estar sujetos a
los respectivos planes de ajuste.
En
el texto, aprobado en la Comisión de Hacienda, se insta al Gobierno a
adoptar un real decreto ley de forma urgente para que los ayuntamientos
que cumplan ciertos requisitos puedan concertar nuevas operaciones de
endeudamiento para cancelar total o parcialmente su deuda pendiente con
el Fondo.
Se trata de facilitar que los entes locales puedan finalizar los planes de ajuste que permitieron formalizar estas operaciones.
En
todo caso, para estos nuevos endeudamientos será preciso que los
ayuntamientos soliciten autorización del Ministerio de Hacienda, según
la proposición no de ley de Compromís aprobada -tras una transacción con
PSOE, PP y el Grupo Mixto- con el voto en contra del PP.
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