Aquí mi artículo en el diario vasco Berria sobre
la corrupción estructural (título) del Estado español. Espero que
resulte convincente y bien argumentado. A mí me convence pero, claro, yo
soy parte interesada, aunque muy desinteresada.
Bueno, aquí la versión castellana:
Estado de corrupción
Tras
un golpe de Estado y una guerra civil de tres años, el genocida
Francisco Franco puso en marcha un régimen de tiranía y arbitrariedad de
cuarenta años. Fundó un Estado contrario al de derecho en el que
debiera regir el imperio de la ley. En España regía –y rige hoy- el
imperio del delito porque los delincuentes golpistas eran los que hacían
las leyes y, como en 1984, cada norma, decisión o institución,
en realidad, era su contrario.
Los legisladores eran lacayos del tirano;
los jueces, siervos prevaricadores; las policías, criminales; los
profesores, bufones; los curas, torturadores de la inquisición; los
periodistas, esbirros a sueldo; los empresarios, ladrones.
Ese
régimen falso, potemkin, acabó sustituyendo a la realidad, penetró en
la estructuras sociales, se convirtió en el único horizonte cultural,
jurídico, económico de la gente, hasta que la sociedad entera se hizo
franquista. Y así, cuarenta años. Emergió el “franquismo sociológico”
característico de la sociedad española y sus votantes con un
comportamiento electoral peculiar pues resultan ser tanto más fieles al
partido que les roba cuanto más les roba.
Es
el éxito de la Transición y la postransición. Cuando la izquierda
aceptó los símbolos de la III Restauración borbónica tragó el Estado
Potemkin y admitió como legítima la continuación de la corrupta
dictadura con una pátina de legalidad democrática. Legiones de ideólogos
a sueldo de ese franquismo incrustado en la vida social, que pasan por
intelectuales, periodistas, profesores, publicistas, edificaron la
doctrina oficial (y bien pagada) de la homologación democrática de
España con las naciones circumvecinas. Una mentira propalada a los
cuatro vientos por todos los medios, los nacionalcatólicos y los de una
izquierda que, en el fondo, coincide con estos.
Llevo
años sosteniendo que el PP no es un partido político propiamente
hablando, sino dos cosas interrelacionadas: de un lado, eje principal de
conservación y mantenimiento del franquismo corrupto; de otro, una
banda de presuntos delincuentes. Lo primero, el neofranquismo es
evidente a pesar de los medios y los “intelectuales” que hablan de un
partido de centro-derecha, equiparable a otras formaciones moderadas y
conservadoras europeas. Mentira. El PP es una organización de extrema
derecha franquista.
Otra cosa es que, por hipocresía y cinismo, sabiendo
que el tono no es admisible, lo oculte, aunque poco: no ha condenado la
dictadura, muchos de sus militantes simpatizan abiertamente con ella,
otros forman comandos de provocadores fascistas para atacar a la gente.
Alimentan y fomentan la memoria del franquismo, se niegan a entregar a
la justicia extranjera a los colaboradores del régimen, torturadores y
criminales y tratan de cegar toda memoria de las más de cien mil
víctimas que yacen en fosas comunes, asesinadas por la vesania
franquista.
Además
de lo anterior, el PP es una banda de presuntos delincuentes, como
señalan algunos jueces Se trata de una forma de criminalidad organizada
que ha tenido la idea de llamarse “partido político” para gozar de
impunidad en sus fechorías.
Es sencillo de entender, pues se trata de un
caso típico de sinergia: el Estado español es un Estado delincuente,
típicamente potemkin, sus sucesores ideológicos y biológicos en el PP se
aprovechan de ello para proceder a lo que mejor saben hacer desde 1939:
explotar a los trabajadores, expoliar el erario, enriquecerse por
medios ilegales y gozar de la impunidad que otorga la corrupción
estructural del franquismo sociológico: roban, defraudan, malversan lo
que quieren porque saben que no les pasará nada, dado que los policías
que investigan, los jueces que juzgan, los carceleros que encierran, los
periodistas que investigan, los profesores que adoctrinan, los curas
que bendicen y los empresarios que emprenden son todos suyos: amigos,
parientes, deudos, allegados, enchufados, paniaguados.
El
ejemplo paradigmático de esta situación es la corrupción estructural en
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), pero no el único. El Estado está
plagado de casos de robos y estafas de una banda de malhechores, a la
que se habían sumado CiU en Catalunya y el PSA/PSOE de los Eres en
Andalucía: aeropuertos sin aviones, AVEs sin pasajeros, autopistas sin
coches, campos de golf, robo y rapiña del patrimonio natural a gran
escala, ruina y privatización de servicio público en un país arruinado
por el robo de esta caterva de granujas con una deuda pública que no
podrá pagar jamás.
En el caso citado de la URJC se trata de una
universidad pública, financiada por todos, al servicio del latrocinio y
el enchufe del PP, agencia de colocación de amigos y empresa para hacer y
devolver favores, para fabricar títulos y hacer de jumentos
políticamente fieles brillantes graduados. Un centro de adoctrinamiento
ideológico de extrema derecha y delincuentes al mismo tiempo.
Tenía
que tocar el turno a la Universidad, una de las pocas instituciones
relativamente libre de la delincuencia pepera, que ya ha destruido el
crédito del Parlamento, los medios de comunicación, los tribunales de
justicia, la iglesia católica y la empresas, convertidos todos ellos en
nidos de sinvergüenzas.
¿El coste? La clara evidencia de que el Estado español no es reformable.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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