CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha explicado que la iniciativa está destinada a que el ejecutivo regional penalice a las empresas que cometen irregularidades contra los trabajadores. Se les debe tanto quitar las subvenciones como no adjudicarles ninguna concesión o contrato público.
Pedreño ha contado que uno de los casos en los que se podría aplicar
esta iniciativa y, en el que la Administración regional debería actuar,
es el caso de una empresa de autobuses que opera en la Región de Murcia.
Andrés Pedreño ha detallado que es una de las principales empresas
concesionarias de las líneas de transporte regular y discrecional de
viajeros, empresa a la que la Inspección de Trabajo de Murcia sancionó
"por realizar contratos fraudulentos, por pagar y cotizar menos horas de
las trabajadas, por incumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales, por incumplimientos salariales con los trabajadores, e
incluso por incumplir de forma sistemática las horas de descanso que
deben guardar sus conductores/as".
Este tipo de empresas, ha dicho Andrés Pedreño, "no pueden seguir
cobrando del dinero de todos y todas. Igual sucede con el conflicto que
viven estos días los trabajadores del servicio de limpieza del hospital
de la Arrixaca, donde la empresa subcontratada por el Servicio Murciano
de Salud no cumple los acuerdos colectivos en cuanto a salario, derechos
sociales y condiciones de trabajo".
Pedreño ha recordado que el sindicato de inspectores de Hacienda
Gestha confirma que hay más de un 25% de nuestra economía que "circula
en negro". Es una "enorme bolsa de fraude laboral que sufren los
trabajadores. Son horas extras sin pagar, contratos laborales de jornada
parcial ficticia, contratos de formación fraudulento, en especial en
hostelería y en el sector agrícola y la proliferación de las ETT. El más
habitual es en el que se da en la contratación del trabajador por menos
horas de las que tiene su jornada laboral y parte del salario se paga
en negro".
Ante esta situación, ha dicho el parlamentario regional de Podemos,
"queremos dar un apoyo fundamental a los trabajadores. Si seguimos así,
nos vamos a convertir en una Región con una economía en B en su mayoría y
donde campan a sus anchas el fraude y las indignas condiciones de
trabajo".
El texto resultante en la votación ha descartado el caso de las
empresas con sentencias firmes por delito contra el derecho de los
trabajadores y ha aceptado la enmienda de Cs de medidas para impedir que
aquellas empresas sobre las que hubiera recaído resolución firme en vía
administrativa, por infracciones muy graves contra los derechos de los
trabajadores, o sentencia judicial por delito contra el derecho de los
trabajadores, no puedan ser adjudicatarias de subvenciones ni puedan
optar a contrataciones públicas en el ámbito regional.
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