Aquí, mi artículo de elMon.cat , titulado La investidura com a pedra de toc y en el que se consideran las posibilidades de la jornada de investidura de Sánchez mañana en el Parlament.
No estoy nada seguro de que el juez Llarena permita que Jordi Sánchez
salga de prisión a tomar posesión. No hay que olvidar que la política de
la banda de ladrones franquistas en el gobierno es provocar cuanto
pueda en Cataluña en espera de que haya una reacción violenta para
justificar la dictadura del 155 y demás barbaridades. Y a esa política
se ciñen todos: gobierno, ministros, jueces, curas, periodistas, sobre
todo si, como suele pasar, están a sueldo de aquella.
Por
si hubiera alguna duda, ahí viene el Tribunal de Orden Público de
Franco (hoy llamado Audiencia Nacional) escuchando a los fiscales que
califican de terrorismo y rebeldía actos de resistencia y
desobediencia civil de los CDR. La intención es transparente: inventarse
los delitos, como ya hicieron con la política garzoniana en el País
Vasco de "lucha contra el entorno de ETA" o, más simplemente, todo es ETA.
La intención es patente: hablar de terrorismo en Catalunya para
criminalizar los CDR y el movimiento independentista catalán. Por
supuesto rompiendo no solo los principios del Estado de derecho (que
molesta a estos franquistas) sino cualquier concepcion medianamente
demorática y humanista de la acción política.
La
banda de ladrones peperos, constituida en gobierno franquista pretende
retornar a la dictadura y abolir la escasa pátina de democracia que
todavía queda en España. Si lo consiguen en Catalunya, lo conseguirán en
todo el Estado.
Por
fortuna, no será así. Catalunya no es el País Vasco. La República
Catalana es ya un hecho con apoyo mayoritario en Catalunya y crecientes
simpatías en el ámbito internacional.
Tendrán
que acusar de terroristas a dos millones de personas. Son capaces,
desde luego, dado su acendrado fascismo y profunda estupidez. Pero
Europa no lo permitirá.
Aquí la versión castellana:
La investidura como piedra de toque
El
bloque independentista ha alcanzado un acuerdo para investir a Sánchez
en segunda vuelta. Se entiende que mediante la abstención de la CUP. Una
forma en que esta plantea su objeción, pero no bloquea. Bloquear es
cosa que queda para el Estado. Suponiendo que la otra cuestión del voto
delegado quede resuelta en sentido positivo, está por ver si el juez
Llarena autoriza la salida de prisión del candidato. A la vista del
pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos del ECOSOC parecería
lógica la autorización. Pero en este procedimiento la lógica no es
condición asegurada. El juez puede decidir que la recomendación del
Comité no lo vincula y mantener a prisión a Sánchez.
Esta
hipótesis, ya formulada en el campo independentista, no actúa como
criterio disuasorio de la propuesta de investidura. Al contrario, es
especial interés de aquel agotar todas las existencias de propuestas
conciliadoras antes de retornar a la que exige un puro criterio de
legitimidad: proponer al MHP Carles Puigdemont.
La
propuesta de Puigdemont –que ya ha sido expresamente rechazado como
interlocutor por el presidente M. Rajoy- será inevitable, incluso aunque
Llarena autorice el desplazamiento de Sánchez. La autorización es
provisional y no paraliza el proceso, de forma que el mismo juez puede
proponer la inhabilitación posterior de quien ha autorizado ahora a
desplazarse. Sería de nuevo un presidente de la Generalitat encarcelado e
inhabilitado.
Así
las cosas, la inevitable propuesta de Puigdemont situará el proceso
exactamente en el momento en que ahora está (y siempre ha estado, aunque
no se haya reconocido), esto es, en el momento político. La disparatada
judicialización del conflicto está siendo desmontada pieza por pieza en
distintas instancias judiciales europeas. La acusación de rebelión en
el caso de Puigdemont no se acepta y la de malversación lleva el mismo
camino. Lo más probable es que Puigdemont quede en libertad en Alemania y
sea ya patente para todo el mundo que aquí no hay causa judicial y sí,
en cambio, un profundo problema político, una crisis constitucional
española.
A
este almiar del rechazo a la extradición de Puigdemont se unen otras
decisiones menores pero muy significativas: la libertad sin fianza de
las personas exiliadas en Bruselas y la muy probable de Ponsatí en
Escocia. Realmente, no hay causa judicial.
Hay
persecución política que Europa parece cada vez menos dispuesta a
tolerar. Toda la peripecia de la detención y trámite de extradición del
presidente Puigdemont en Alemania denota una creciente presión exterior
sobre el gobierno español que este no está en condiciones de resistir
sin deponer su actitud intransigente basada en la represión y la
negativa a todo tipo de negociación.
El
éxito de la internacionalización del conflicto ha sido rotundo. En
política interior y en mitad del guirigay que M. Rajoy tiene montado en
su partido y en el país en general, le venía muy bien el recurso al art.
155 con el aval del PSOE, hasta constituir el frente nacional español
de PP-PSOE-C’s. Sin embargo, el asunto no está hoy tan claro. El 155 es
una norma de plenos poderes sin límite material ni temporal y solo
implícitamente territorial. El único control que conoce a un posible
abuso de poder del gobierno es la fiscalización del Senado que aquí no
existe porque el partido de M. Rajoy tiene en él mayoría absoluta. En
realidad, a efectos internos, el gobierno puede hacer en Catalunya lo
que quiera invocando el 155.
De
ahí que la mayor insistencia del bloque independentista sea la retirada
del 155, cosa de la que no hay garantía alguna tratándose de M. Rajoy. Y
muy improbable porque el mismo Rajoy avisa de que el presidente deberá
“cumplir la ley”, la suya. Y, si no lo hace, 155 otra vez.
En
realidad el límite más eficaz hoy al abuso del 155 es la
internacionalización del proceso y la atención que ahora le prestan los
gobiernos, exteriores, las cancillerías, los partidos políticos y los
medios de comunicación. No es un buen criterio proveerse de unas armas
tan mortíferas que no se puedan usar. Está claro que, con el 155 como se
ha aplicado hasta hoy, puede cerrarse el Parlament y suspender la
autonomía catalana.
Son posibles estas y otras medidas represivas al
amparo, por ejemplo, de la injustificable Ley de Seguridad Nacional de
2015, pensada básicamente contra Catalunya y perpetrada al alimón por
Rajoy y Rubalcaba. O llegado el caso, al abrigo de un estado de
excepción declarado; no como el 155, que lo es vergonzante. Son medidas
posibles, desde luego. Pero no probables por no ser verosímiles en el
contexto de la UE.
Y
todavía no se ha hablado de la situación que se crearía si los sectores
más decididamente independentistas se salen con la suya de responder al
aumento de la represión con una convocatoria de huelga general.
La
intransigencia represiva del Estado es un camino sin salida. La opción
independentista de negociarla de igual a igual y con mediación
internacional apunta hacia ella.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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