MADRID.- Una profesora de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) empezó así su clase el viernes en Vicálvaro: “Hoy salimos
otra vez en la tele”. El rector, Javier Ramos, iba a comparecer para hablar del caso Cifuentes.
Aquí están acostumbrados, a su pesar, a aparecer en prensa, porque el
campus es un goteo de escándalos desde hace años, recuerda hoy El País.
“Hay rachas que te da
miedo encender el móvil por la mañana a ver qué sale”, confiesa un
profesor. Como muchos, 16 docentes consultados, prefiere que no salga su
nombre. Impresiona ver a catedráticos hechos y derechos que ruegan no
ser identificados. Pero en la URJC se ha impuesto siempre el miedo.
Uno
de los pocos que ha roto el silencio es Manuel Villoria, catedrático de
Ciencia Política: “La universidad española es muy adocenada, por miedo a
que tus superiores te corten la carrera si no eres leal. Siempre
piensas a quién conoces, es una sociedad de amiguismo y relaciones
personales. Aquí, la mayoría de los departamentos, sobre todo en el
campus de Vicálvaro, de Derecho, están controlados por el PP, no es
fácil enfrentarse a eso”.
“Funciona
como una red clientelar al más puro estilo mafioso”, denunció hace un
año en El País la aspirante a rectora Rosa Berganza. “Que rueden
cabezas, es la única manera de recuperar el prestigio. No es justo para
la Rey Juan Carlos, hay mucha gente excelente”, opina Carmen Caffarel,
de Ciencias de la Comunicación y directora de RTVE con el PSOE. Coincide
Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política y entristecido con
lo ocurrido: "Hay muchos docentes muy dedicados a una actividad
investigadora de calidad e internacionalizada. No se debe denigrar a la
institución en su conjunto. Eso es muy injusto con la gran mayoría del
profesorado que yo conozco".
Dos alumnos del campus de Vicálvaro que
salían de clase el viernes, también están inquietos sobre todo por el
impacto del escándalo de Cifuentes en su propio futuro, porque eso es el
prestigio de la universidad: "Eso es lo que más nos preocupa, el daño
de imagen, que pagaremos nosotros", dicen Sergio Rodríguez y Alejandro
Bento.
La Universidad Carlos III nació en los noventa en torno a la figura de
Gregorio Peces-Barba y se asoció al PSOE. Cuando el PP llegó al poder en
Madrid, quiso tener la suya en 1996. Relata Villoria: “Decidió que la
URJC sería para su gente. Desde la Consejería de Educación de Gustavo
Villapalos se controlaba cada detalle de la toma de decisiones, quién
entraba en cada departamento, qué plazas salían hubo tensiones muy
fuertes”.
Cuatro rectores en cinco años. Rogelio Pérez Bustamante duró
un mes en 2000. Luego fue la era de Pedro José González-Trevijano, de
2002 a 2013, y se consolidó un sistema, continuado por Fernando Suárez
hasta 2017. Ambos tuvieron escándalos. González-Trevijano recibió el
amparo del Constitucional, que anuló una sentencia que le condenó por
perpetuarse ilegalmente en el cargo.
Mucho peor fue Suárez: precipitó su salida en 2017 por un colosal caso de plagios en 15 trabajos.
González-Trevijano acabó de magistrado en el Constitucional, a
propuesta del PP. Es otra función de la URJC, según Villoria, “agencia
de colocación” del partido. Cristina Cifuentes estuvo en la gestación
del campus de Vicálvaro, con Villapalos en el consejo de administración
fundacional, entre 1996 y 2000, y siempre ha dicho que cuando deje la
política le gustaría acabar volviendo allí.
Solo una profesora sin plaza fija, de una decena, ha querido
hablar para este reportaje, Concha Mateos, de Comunicación: “Esto es
así por la precariedad laboral, tardas años en estar tranquila. La
universidad formalmente está democratizada, pero en realidad es
medieval, es un sistema parecido al vasallaje, alguien favorece tu
entrada y le guardas obediencia”.
La URJC sería un caso extremo de los
males de la universidad española. “Es una estructura de nepotismo del
PP, hay decenas de casos”, acusa Villoria. En prensa se han publicado
muchos ejemplos: apellidos que se repiten, familiares de Granados,
Ruiz-Gallardón, Mayor Oreja y la propia hermana de Cifuentes.
La pasarela funciona en ambas direcciones, entrada y salida:
en el Constitucional hay dos miembros de la URJC —el otro es Andrés
Ollero, exdiputado del PP—; también procede de esta universidad el
actual consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken —no ha
querido comentarlo con este periódico—; el secretario de universidades
del Ministerio, Jorge Sáinz —también ha optado por el silencio—; y el
expresidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal.
Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, también
hizo un máster allí y rechaza que sea un chiringuito del PP: “No es
justo, es como si yo, para meterme con Podemos, digo que la Complutense
es un nido de esto y lo otro, pero no se me ocurre, me meto con ellos,
no con la institución”.
“Decir que es del PP es simplificar, es peor,
está al servicio del poder, en general, hay gente de otros partidos”,
apunta un profesor. En la URJC ha aterrizado David Ortega, de UPyD;
Rafael Simancas, del PSOE o José Antonio Moral Santín, de IU y condenado
por las tarjetas black.
“Donde hay altísima corrupción del PP y han creado una
universidad es obvio que hay un traslado de su modelo de
funcionamiento”, opina Villoria. Las conexiones con el partido de
Mariano Rajoy a todos los niveles han hecho posible que profesores de la
URJC aparezcan implicados en la trama de Púnica —Daniel Ortiz,
exalcalde de Móstoles, investigado— o Gürtel —Jesús Calvo, a quien piden
una condena de tres años por blanqueo—.
Este clima envenenado,
multiplicado por la inmovilidad de la universidad —es difícil irse un
semestre a otra o al extranjero y se crean odios eternos de gente
obligada a convivir décadas—, ha propiciado filtraciones de escándalos e
incluso escenas de violencia: el año pasado un catedrático le sacudió a
otro en un pasillo. “Le acabo de dar dos soberanas hostias”, presumió
en WhatsApp.
No obstante, todos los profesores consultados insisten en
que los vicios de una pequeña parte eclipsan el trabajo y empañan el
prestigio de la mayoría, 1.400 docentes y 40.000 alumnos. Pero es una mayoría sometida al silencio.
Es un caso raro en la universidad española en el que no hay grupos,
corrientes o familias de oposición al rectorado, un mínimo contrapeso.
"Si no existen un control y una vigilancia del poder, el poder hace lo
que quiere, lo que ha ocurrido es consecuencia de esto. Por eso hay que
hacer autocrítica de cómo hemos llegado hasta aquí", reflexiona Begoña
Soto, profesora de la Facultad de Comunicación.
“El problema de fondo es la politización de la universidad
española, pasa en todas partes a distintos niveles”, considera Fernando
Velasco, del departamento de Economía Aplicada. “Desde dentro no hemos
sabido mantenernos al margen. Hemos perdido el papel de la universidad
como institución para crear pensamiento crítico. Nos hemos convertido en
una máquina de másteres en función de futuros trabajos. Ojalá todo esto
sirva para replantearnos la universidad”.
La sensación de un entorno
cerrado, endogámico y regresivo es compartida por muchos docentes: "Al
revés que en Reino Unido, por ejemplo, donde todas las semanas alguien
expone un trabajo, se somete a crítica, hay debate, aquí no hay ningún
espacio de discusión interno. La construcción del prestigio no es
pública. Todo es la obsesión por tener papeles y certificados", apunta
Mateos.
Entre las sugerencias de soluciones que se apuntan se repite el
control sobre los rectorados, códigos éticos de obligado cumplimiento,
puestos y ascensos por méritos, oferta de plazas auténticamente
publicitadas, tribunales por sorteo...
Un profesor que se implicó en la última campaña electoral
para el rectorado cuenta: “La gente ni se acercaba para que no la vieran
hablar conmigo”. Luego llegan represalias: se pierden puestos de
director, de coordinador de titulación, financiación de institutos o
cátedras, horas de clase…
Las formas de hacer carrera —proyecto de
investigación, acreditación a cuerpos superiores y sexenios— dependen de
la evaluación de otros compañeros, de quién está en un tribunal. El
poder sobre la carrera y el sueldo, la vida de cada empleado en
definitiva, permite controlar los comités de selección de personal o las
elecciones al claustro. Si no, quedas marcado. Eres uno "que no se
integra". Es un sistema de premios y castigos.
Con el escándalo de los plagios del anterior rector,
Fernando Suárez, solo un profesor de la URJC firmó al principio una
carta de protesta de 250 docentes para pedir su dimisión y después se
enfrentó a represalias que llegaron a los tribunales.
La derrota del
aspirante a rector en 2009, David Ríos, se saldó con el despido de 11
profesores que le apoyaban y él se fue hace cuatro años de la
universidad. Con el caso Cifuentes, 20 docentes escribieron una
carta pública de protesta al rector, pero no fue fácil: “Llamamos a más
de cien, pero nadie quería firmar, solo ocho. Esperamos un día y al
final se unieron más”, relata Concha Mateos, una de las firmantes. Casi
todos eran sin plaza fija. Ha sido un logro, es algo inédito y ha
abierto la esperanza de que algo cambie.
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