CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional de Podemos, ha explicado que el próximo 13 de
marzo se debate en el Congreso una proposición no de ley de Podemos que
pide al Gobierno que deje de incumplir los tratados internacionales
ratificados por España relativos al derecho a la alternativa
habitacional, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. En el caso de Murcia, "hemos presentado una iniciativa
para promover protocolos protocolos de coordinación entre el Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de toda
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".
El objetivo es, según ha explicado Giménez, "definir acciones de
operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales
competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones
Públicas otorguen a las familias y personas en situación de
vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les
ofrezca alquiler social".
Asimismo, María Giménez ha subrayado que estos protocolos deben
incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas
sin recursos para tener una vivienda alternativa, sólo se ejecuten
después de que haya habido una consulta "efectiva" con estas personas.
Además, la CARM y los Ayuntamientos "deben haber realizado todos los
pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para
que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en
especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores,
niños y niñas u otras personas en situación de vulnerabilidad".
La diputada del Grupo Parlamentario Podemos en la Región de Murcia
también ha contado que el plan que se le exige al gobierno "impulsará
programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de evitar el
lanzamiento, para las personas que se encuentren en situación de
exclusión residencial.
También deberá incrementar el parque público de
viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de
viviendas públicas disponibles en el resto de países de la Unión Europea
que registran porcentajes de vivienda social de entre el 17 y el 32%.".
Por último, María Giménez ha hecho hincapié en que una de las cosas
fundamentales son las ayudas directas destinadas al pago de la renta del
alquiler que faciliten el acceso a la vivienda o "la permanencia en la
misma a familias con ingresos no superiores a 3 veces el IPREM que
cubran, como mínimo, el 40 % del alquiler. Sin olvidar que hay que
garantizar que no hay alquileres abusivos y los municipios tienen
articular medidas en este sentido".
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